El Gobierno nacional estableció que los cargos de personal en el sector público nacional deben ser ocupados en una proporción “no inferior al uno por ciento”, por personas travestis, transexuales y transgénero en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes.

“El Estado nacional, como garante de los derechos humanos, asumió el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos”, indica a norma.

Además, en los considerandos se señala que “el ejercicio de los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero se ve obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad que afecta particularmente a este colectivo desde la niñez”.

Y agrega que “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero”, y que esto “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes”.

“Es muy importante para toda la comunidad LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. El símbolo + es para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores) pero desgraciadamente no salió por ley, sino por decreto. Está muy bien tomado y son muchos años de lucha”, señaló a El Ciudadano Gabriela Romanello, empleada de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular de la Municipalidad de Cañuelas.

“Se trata de un decreto muy importante, pero se debe dar cumplimiento real a esa normativa. En la Provincia la ley está vigente desde el 2015 y realmente son muy pocos los empleos que se otorgan a las personas trans. Acá en Cañuelas somos algo privilegiados ya que somos ahora dos en el municipio”, afirmó la vecina de Máximo Paz y estudiante de Derecho Romanello.

“El decreto nacional habla de los organismos públicos y la ley provincial también menciona al sector público, pero incluye además al privado que se encuentra subsidiado por el Gobierno. Y esto último es más difícil. No hay nadie en la zona trabajando en una empresa vinculada al Estado”, advirtió Gabriela.

“Esto llega después de muchos años de lucha esperando respuestas. Ahora hay que seguir trabajando y que se comience a incorporarlas”, finalizó la activista de identidades de género y orientación sexual.

Leandro Barni - [email protected]