El oficialismo logró finalmente este jueves dar dictamen favorable al proyecto de Ley Bases, que se debatirá desde durante la tarde del próximo lunes y, probablemente, se apruebe en la madrugada del martes próximo en Diputados, luego de un intenso debate en comisión durante el cual se vio obligado a realizar concesiones en materia de reforma laboral y privatizaciones.

El texto del Ejecutivo es una reversión del proyecto original, elaborado bajo la tutela de Federico Sturzenegger, que fue rechazado en la Cámara Baja a principios de febrero. Pero aún así, para pasar ahora el filtro de las comisiones, donde fue aprobado por una mayoría de 61 votos (LLA, HCR, PRO, Hacemos Coalición Federal lo respaldaron) debió “deshidratarse” aún más.

Los cambios de mayor impacto se dieron en el capítulo laboral, una reforma que también está contenida en el DNU 70, aunque en ese caso fue suspendida por la Justica. Ahora, la “modernización” de esa legislación contempla solo los puntos con consenso como la extensión del período de prueba a 6 meses, la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la implementación del fondo de cese laboral. En cambio, no se eliminarán el descuento compulsivo de la cuota sindical, no se considerará causa de despido con justa causa los bloqueos ni tomas de lugares de trabajo, ni se dará de baja la “ultra-actividad”, mecanismo por el cual un convenio rige mientras no lo reemplace otro.

En materia de privatizaciones, se redujo drásticamente el listado de empresas sobre las que se podrá avanzar: solo Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión S.E., e Intercargo podrán ser vendidas por completo. Mientras, se podrán privatizar en forma parcial o concesionar AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) podrán organizar un programa de propiedad participada o incorporar participación del Estado Nacional manteniendo el control o la acción mayoritaria en el capital social. El Banco Nación no podrá tocarse.

El capítulo del tabaco, que elimina el impuesto mínimo y aumenta de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno, no está en el dictamen de mayoría, pero el oficialismo acordó incluirlo durante el debate en el recinto. El poder de lobby de Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, fue reiteradamente mencionado por la oposición para denunciar la reticencia del Gobierno y el PRO para volver a incluir el capítulo en el proyecto.

En cuanto a los fondos fiduciarios -tema que desencadenó la caída de la primera Ley Bases en febrero- aceptaron que si son eliminados se respetará el origen de los fondos. Es decir, si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a la masa coparticipable (no al Tesoro). En definitiva, serán recursos que recuperan las provincias.

Durante la semana, ante el pedido de la UCR y Hacemos, el oficialismo había aceptado ampliar por segunda vez la lista de organismos públicos que no podrá disolver ni intervenir. Se sumarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA (cine), el Incucai (trasplantes), el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom (comunicación), la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA (tecnología agropecuaria).