Polémico troceo: el Gobierno evitó el paro, pero el conflicto sigue
Para los frigoríficos, matarifes y abastecedores, la implementación del troceo de la media res no sumaba beneficios. Por el contrario, generaba un aumento en los valores de la producción que afectarían en forma directa al consumidor final también con suba de precios a la hora de comprar la carne, uno de los principales alimentos en la mesa de los argentinos.
El escenario en el que está navegando por estas horas el tema cárnico entre los actores más fuertes del sector (frigoríficos, matarifes, abastecedores y exportadores), no es de ahora. Incluso, ya hay fuertes acusaciones sobre los intereses que tienen los exportadores sobre la modificación, la implementación, control y logística del troceo.
La presión ejercida hacia el Gobierno con amenaza de paro incluido por tiempo indeterminado a partir del 1° de noviembre de parte de una buena cantidad de frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumaron los del resto del país, surtió efecto. Al menos, desde la Secretaría de Agricultura prorrogaron por 75 días la resolución 2/21.
“La extensión, que estará vigente hasta el 15 de enero de 2023, se decidió luego de un pedido especial de parte de las provincias, con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo”, se comunicó desde el área gubernamental.
“De esta manera, se extiende el plazo hasta el 15 de enero de 2023 con el fin de que las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos y cuidado bromatológico”, se agregó en el comunicado.
“Asimismo, se mantendrá durante los próximos días una agenda de reuniones con integrantes de la cadena cárnica para agilizar la implementación de la medida”, finaliza.
Desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), una de las principales entidades que motorizó el reclamo, Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC que agrupa a una veintena de grandes frigoríficos exportadores, disparó en Twitter: “Los argentinos deberían reducir otro 20% su consumo de carne vacuna, de 48 kilos a solo 40 kilos anuales per cápita, para así permitir la exportación de 400 mil toneladas”. Y agregó: “Los Matarifes nos preguntamos... Con esta medida hecha a gusto de los exportadores, ¿estamos hablando de cuidar la salud del trabajador o de reducir el consumo de carne en la mesa de todos los argentinos?”.
Ariel Morales Anton, Coordinador Federal de CAMyA, comentó: “Los organismos del Estado, los que están al frente de la resolución y aquellos que tienen que tomar las resoluciones importantes en un sector como el consumo interno, como la comercialización de la carne vacuna argentina, no entienden la problemática que va a traer el sistema de cuarteo en el país. Nosotros necesitamos una solución urgente porque hay compromisos de matarifes abastecedores, hacienda que esta por cargarse y esta frenada, clientes que tienen que recibir el producto y el posible desabastecimiento. Si esto se aplica, el incremento en los costos va a ser entre un 20 y un 30%”.