“Queremos alertar a los legisladores nacionales que el proyecto de ley de Presupuesto 2023 propone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer las facultades de fijar Derechos de Exportación hasta el 31 de diciembre de 2023”, alertaron desde la organización ‘Berbechando’, nacida en medio de la disputa del campo con el gobierno de los Kirchner, en 2008, producto de la resolución 125. La misma se dedica desde entonces a monitorear la actividad legislativa del Congreso en favor de los ruralistas.

Cabe señalar que el gobierno de Alberto Fernández no logró aprobar el presupuesto 2022, diseñado por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, por lo que continuó la aplicación del 33% de retención para la soja y el 15% para maíz y trigo. Con la modificación que se propuso para el actual presupuesto, el control de los gravámenes por parte del oficialismo sería hasta el 31 de diciembre de 2023.

De esta manera, el campo y el gobierno vivieron nuevamente otro momento de tensión, por lo que tanto las entidades del agro como los productores volvieron a encender las alarmas en señal de alerta y desde las carteras de economía y agricultura respondieron sobre el tema.

“No subirán las retenciones”, dijo rápidamente el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien de esta manera intento despejar las dudas que había sobre el Presupuesto 2023. Las mismas tenían que ver con  un artículo que delegaba las decisiones de las retenciones al Ejecutivo sin pasar por el Congreso.

Además, el titular de Agricultura confirmó: “La decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario”. Lo hizo durante su visita a la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja del Congreso de la Nación, donde se presentó el proyecto de gastos y recursos para el año  que viene.

“La decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario”, afirmó Bahillio ante los diputados.

El campo no les cree

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Conigro), Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina, cuyos representantes forman la Mesa de Enlace, emitieron un comunicado conjunto.

“Cada uno debe asumir su rol. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias rechaza el intento plasmado en el artículo 96 del proyecto de Ley de Presupuesto 2023, donde el gobierno nacional pretende recuperar las facultades que tenía en la Ley N° 27.541/19 (Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva), por las que podrá cambiar, modificar y/o establecer las alícuotas de los derechos de exportación. Los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponerse funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir para el funcionamiento de nuestro país. Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, Ricardo Buryaile señaló: “Si vos le das las facultades, el Gobierno puede subir, bajar, hacer lo que quiera”.