Leandro Barni
El miedo volvió a instalarse en las calles del centro de Cañuelas. El martes por la mañana, una mujer que pidió reserva de identidad denunció que fue amenazada por otra chica que accionaba un encendedor a centímetros de su cuerpo, en un gesto que interpretó como un intento de prenderla fuego.
“Es una persona que suele deambular por la zona céntrica. Ya la hemos visto otras veces. La semana pasada entró a un comercio para intimidar a una clienta y a otra le arrancó una bolsa de la mano”, relató la víctima ante la redacción de El Ciudadano. El episodio ocurrió el martes 10, por la mañana, cerca de la intersección de Libertad y Florida. La mujer contó que quedó paralizada por el pánico y que luego supo que la agresora también había provocado disturbios en una ferretería, una inmobiliaria y otros negocios de la cuadra.
No se trata de un hecho aislado. Tras conocerse el caso, varios vecinos aseguraron haber sufrido amenazas verbales y agresiones físicas similares, por una mujer de alrededor 45 años. Incluso algunos recordaron episodios previos en los que la misma mujer habría rociado a personas con thinner y advertido que las iba a incendiar.
Ante una denuncia presentada por familiares directos, que afirmaron que la mujer padece esquizofrenia y que la falta de medicación agrava su estado, la jueza de Paz de Cañuelas, Inés del Valle Rivarola, ordenó su traslado al Hospital 'Ángel Marzetti' para la realización de estudios psicológicos, neurológicos y psiquiátricos. La medida fue ejecutada por la Comisaría 1ª y la paciente quedó bajo custodia policial mientras era evaluada.
Se esperaba un informe interdisciplinario que determine si representaba un peligro para sí misma o para terceros y si correspondía su internación.
Desde el ámbito judicial admiten que el problema excede un caso puntual. “Con la actual Ley de Salud Mental estamos atados de manos. La persona debe consentir el tratamiento, salvo internaciones involuntarias que son lentas y complejas. Se estabiliza al paciente, recibe el alta y vuelve a la calle sin seguimiento”, explicó un funcionario.
El antecedente no es nuevo. Ya en 2021 una sobrina había advertido que su tía fue diagnosticada como esquizofrénica a los 26 años y que muchos familiares se negaban a hacerse cargo. Mientras tanto, comerciantes y vecinos conviven con situaciones impredecibles.
El debate vuelve a quedar expuesto: entre el derecho individual y la seguridad pública, la calle se transforma en el último eslabón de un sistema que no logra dar respuestas. Y el temor, una vez más, camina entre la gente.
