Un juez de Garantías ordenó que tres gremialistas de ATE Cañuelas no podrán tomar contacto con otra compañera sindical. La denunciante aseguró en sede judicial que se encuentra “aterrorizada” por las amenazas que sufrió, por las cuales debía dejar de concurrir al gremio ubicado en Yrigoyen 651, ya que publicarían conversaciones íntimas de la dirigente en la página de Facebook Vendo Todo Cañuelas.
Verónica Véliz acusó a Silvia Amicone, Laura Ferrer y Patricia Rodríguez. Según el testimonio de la secretaria, le dijeron: “Acordate que nosotras somos tres y vos sos una. Te queda muy poco, ya te despediste”.
Durante 30 días, Amicone, Ferrer y Rodríguez deben eximirse de tomar todo tipo de acercamiento con Véliz, resolvió el magistrado interviniente. Esto alcanza tanto al contacto físico como tecnológico, “debiendo prescindir de cualquier manifestación o actitud, que impida su libre circulación o tránsito, con el fin de evitar la repetición de actos de violencia que puedan poner en peligro la integridad física de la denunciante”.
Así lo estableció el titular del juzgado N°8 de Garantías, Martín Miguel Rizzo, con asiento en Cañuelas, luego de la presentación que hizo la abogada Milagros Grassi en carácter de letrada particular en representación de Véliz, quien radicó la denuncia de puño y letra el 15 de abril en la fiscalía de Javier Berlingieri.
Y tal como viene informando El Ciudadano, se trata nada menos de tres sindicalistas ya cuestionadas porque son becarias del ministerio de Salud Bonaerense, pero no se presentan a trabajar en el Hospital Marzetti.
La Justicia las investiga por “malversación de fondos públicos” y deberían devolver el dinero por las funciones que no llevan a cabo.
Por otro lado, hay una denuncia de violencia de género de la propia Véliz contra el secretario general, Cristian ‘Ricky’ Aristegui, que complica más el cuadro de situación en esta seccional bonaerense.
Luego de la confirmación de que las gremialistas mencionadas continuaban en la sede gremial local y no en el Marzetti, llevando tareas en el sector de vacunación, el recelo con los medios de prensa aumentó. Y así fue que a los periodistas de El Ciudadano le cortaron el ingreso a la sede para corroborar las irregularidades ya denunciadas.
