Leandro Barni
La Cooperativa de Trabajo En Bloque Ltda. elevó un reclamo administrativo ante la Municipalidad de Cañuelas en el que cuestiona la actuación de distintas áreas técnicas del Ejecutivo local y reclama la continuidad del proyecto habitacional ARCA Juan XXIII, una iniciativa que prevé el desarrollo de un barrio para unas 500 familias.
A través de un comunicado difundido en mayo, el Consejo de Administración de la entidad sostuvo que el emprendimiento enfrenta “bloqueos burocráticos” que impiden avanzar con obras consideradas esenciales para su concreción. Según la cooperativa, las dependencias municipales de Obras Públicas, Catastro y Planeamiento estarían reteniendo visados necesarios para la ejecución de trabajos vinculados a la red eléctrica.
El reclamo apunta particularmente a la falta de autorizaciones para que la distribuidora eléctrica realice tareas complementarias destinadas a abastecer al predio donde se desarrolla el proyecto. La organización solicita la emisión de una visación técnica provisoria y una factibilidad excepcional que permitan concretar el tendido de la red y la instalación de equipamiento de transformación eléctrica.
La cooperativa argumenta que estas restricciones contradicen lo dispuesto en el Decreto Municipal N.º 0685/2023, firmado por la intendenta Marisa Fassi, mediante el cual el emprendimiento fue aprobado como “Proyecto Especial” y declarado de “Interés Social”.
En su presentación, la entidad también exige que el municipio informe formalmente si existe algún impedimento normativo que afecte la iniciativa y, en ese caso, impulse las modificaciones legislativas necesarias ante el Honorable Concejo Deliberante. Además, dejó planteada la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el Estado municipal y contra funcionarios que, a su criterio, resulten responsables de los perjuicios ocasionados.
El proyecto ARCA Juan XXIII se desarrolla sobre un predio de 38 hectáreas en la localidad de Máximo Paz y forma parte de la línea de acción destinada al repoblamiento comunitario impulsada a través del Fondo de Integración Socio Urbana. Según información difundida previamente por la propia cooperativa, la iniciativa cuenta con prefactibilidades otorgadas por organismos provinciales y nacionales, además de estudios técnicos vinculados a servicios básicos e infraestructura educativa.
La organización sostiene que ya fueron adjudicados 229 lotes y que la mayoría de los beneficiarios son trabajadores que viven o desarrollan sus actividades en Cañuelas, entre ellos profesionales de la salud, docentes, empleados municipales, policías y trabajadores industriales.
Mientras aguarda una respuesta formal del Ejecutivo local, la cooperativa reiteró su pedido para que se habiliten los trámites pendientes y se garantice la continuidad del emprendimiento. Desde la entidad afirmaron que el acceso a la vivienda y a los servicios básicos constituye un derecho fundamental y reclamaron “seguridad jurídica y voluntad política” para avanzar con el desarrollo urbanístico.
