Leandro Barni
El sector de remises de Cañuelas atraviesa una compleja encrucijada marcada por el impacto de la crisis económica y la llegada de plataformas digitales. Frente a una caída del volumen de viajes que transformó al remis en un bien de difícil acceso para el bolsillo cotidiano, las agencias tradicionales elevaron una propuesta parlamentaria al Concejo Deliberante local para encuadrar la actividad de las aplicaciones bajo las mismas reglas del juego.
La iniciativa no busca la prohibición del transporte privado gestionado por aplicaciones, sino la equiparación de las exigencias legales y operativas. Según explican los referentes del rubro, la brecha de tarifas entre ambos sistemas responde directamente a los costos fijos que soporta una estructura formalizada. Para brindar servicio en regla dentro del distrito, un vehículo de agencias debe contar con habilitación municipal, someterse a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) especial de transporte público cada seis meses y afrontar tasas obligatorias de desinfección bimestral.
A esa estructura de costos se añaden los valores de las pólizas de seguro comercial para transporte de pasajeros, cuyo canon mensual ronda entre los $300.000 y $350.000, frente a los $80.000 de una cobertura particular convencional. Asimismo, los choferes habilitados deben tramitar la licencia de conducir profesional —cuyo costo de gestión provincial puede alcanzar los $500.000—, resolver el libre deuda de infracciones y registrar la titularidad del dominio ante el municipio.
En contraposición, la flota informal que opera a través de aplicaciones desembarcó en el municipio sin la obligación de fijar domicilio comercial, registrar los vehículos ni certificar antecedentes. Aseguran que esta falta de fiscalización en la vía pública no solo desequilibra la competencia comercial, sino que también genera preocupación en torno a la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito urbano.
Un proyecto de ordenanza propone aprovechar las facultades sobre el tránsito local que posee el municipio para exigir que cualquier vehículo que transporte personas dentro del partido cumpla con la misma matriz de requisitos, independientemente del canal de contratación. Desde las agencias señalan que la regulación resulta indispensable para preservar más de 20 fuentes de trabajo directas por base y evitar el desmantelamiento de un servicio fundamental para la conectividad de los barrios y localidades periféricas del distrito.
El expediente ya fue remitido a la Comisión de Legislación y Reglamento del cuerpo deliberativo local, donde se espera que comience el debate técnico entre los distintos bloques parlamentarios y las autoridades del Ejecutivo municipal.
