Propuesta ante el uso de las tierras
La Agrupación de Frente, de Máximo Paz, se refirió al conflicto que se replica en distintos lugares. Los movimientos sociales junto a otras organizaciones propusieron al Gobierno el Plan San Martín para su discusión.
"Sí, es imprescindible e inmediato generar un área que organice el uso de la tierra, ubicar y detectar tierras fiscales, nacionales, provinciales y municipales para definir sus usos.
En nuestro caso la propuesta ya fue presentada a través del Plan San Martín. Definir tierras fiscales y abandonadas por sus dueños, para garantizar a través de la venta, alquiler, comodato u otras formas la generación de: alimentos sanos y económicos de cercanía a las zonas urbanas achicando gastos de logística, fortalecer el cordón frutihortícola de la provincia de Buenos Aires, cuyo proyecto de ley se encuentra en tratamiento”, comentaron desde la Agrupación de Frente de Máximo Paz, luego del conflicto que se desató en el territorio bonaerense con un comunicado que enviaron a los medios locales.
“Otras para zonas para uso urbano, lote con servicio, barrios enmarcados en convenios con gremios mutuales, lotes para Procrear, y también y respetando todas la de la ley los desarrollos inmobiliarios de barrios cerrados”, añadieron.
“Para ello consideramos que son varias áreas del Gobierno municipal en Cañuelas las que deben trabajar –dijeron desde la organización local– en generar un banco de tierras, donde su utilización incluso pase de ser necesario por el Concejo Deliberante”.
Además, opinaron que “no son precisamente los sectores populares los grandes beneficiarios del desorden catastral a nivel nacional, provincial o municipal, sino las verdaderas mafias organizadas que especulan y ganan inmensa masa de dinero con este desorden, utilizan la necesidad de sectores de la clase media y populares. Son algunos de los grandes grupos de desarrolladores vinculados a algunas inmobiliarias con mucho dinero para piratear estas tierras a cambio de algunas monedas para algún puntero o funcionario corrupto, o los gestores o sucesiones que caranchean después de no pagar ningún impuesto de 100, 200, 300, 600 lotes durante 20 o más años aparecen cuando el Estado y los vecinos pusieron en dichos lugares agua potable, asfalto, mejoras e infraestructura, y reclaman con amenazas de desalojo. Ya sabemos quiénes se benefician con el desorden”.
Para finalizar, analizaron: “La tierra no es un déficit, es una necesidad, un derecho, y es la obligación del Estado en sus distintas formas regular la propia y la privada con cumplimiento de derechos y de obligaciones”.
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