El Ciudadano
Un trabajador rural se negó a declarar ante la fiscal penal de Cañuelas, Norma Pippo, quien ordenó su detención en una causa judicial que investiga el presunto abuso sexual en perjuicio de su hija.
J.E.L. fue denunciado luego que su descendiente, de 24 años, dijo haber sido sometida por su propio padre desde la adolescencia y habiendo habitado distintos establecimientos rurales de la región. Como resultado de esos ataques sexuales fue embarazada. Tuvo tres niños y un cuarto en camino.
Según la víctima, a los once años empezó a ser abusada. Y ese sometimiento se repitió durante años, acompañado de golpes y amenazas, además de una serie de restricciones a parientes y amigos. Los hechos habrían tenido lugar en ámbitos rurales, como en San Miguel del Monte, San Vicente, Navarro y Cañuelas.
La policía los trasladó a principios de esta semana a la Fiscalía 2 de la doctora Pippo.
Allí el denunciado se abstuvo de prestar declaración indagatoria, según supo este medio. La causa penal iniciada por acción de la fiscal promovió la acusación tras recibir la declaración de la víctima, cuyo nombre no se revela por razones legales, aunque actualmente es mayor de edad.
La chica prestó su declaración testimonial en la causa y ratificó sus dichos y cargos contra el presunto abusador. En sus relatos aclaró que ya no convive con el hombre, un analfabeto, y que durante el año pasado había quedado embarazada producto del denunciado.
Según trascendió, las situaciones de embarazo fueron advertidas por su madre y una tía de la víctima, pero el hombre parece que siempre lograba interponerse y desplegar todo tipo de amenazas. Hasta que las mujeres adultas lograron radicar el caso a la policía. Sin embargo el sujeto se negó a declarar. Y como siempre rondaban las amenazas de muerte.
El caso se desarrolló siempre en un contexto familiar desfavorable. La joven habría tenido que abandonar la escuela por imposición de su padre. Una hermana, con retraso mental, había muerto siendo niña. Y la madre de las chicas padecía problemas en su corazón que la obligaban a estar postrada.
Por ahora Pippo cuenta además de la declaración de la víctima, con otra más, pero se espera una pericia de mucho valor como prueba: el test de ADN de los chicos, hijos de la víctima, de los cuales el mayor tiene 11 años. Quieren confirmar la paternidad del denunciado sobre los menores de edad.
El tambero enfrenta la acusación de ‘abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por la paternidad, la guarda y convivencia con la menor’.
