Leandro Barni
La reiteración de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos encendió alertas en el sistema escolar bonaerense y reconfiguró las estrategias de intervención en distritos como Cañuelas. Desde Jefatura de Inspección de Enseñanza local se define el fenómeno como una manifestación de culturas juveniles atravesadas por dinámicas de imitación y por la circulación de contenidos en entornos digitales donde conviven prácticas cotidianas con subculturas que promueven discursos violentos.
En términos conceptuales, las amenazas son interpretadas como conductas imitativas que se amplifican en redes sociales y servicios de mensajería menos visibles. Estas subculturas, muchas de origen extranjero, introducen narrativas violentas que son replicadas sin plena dimensión de sus consecuencias. En el ámbito escolar, se observa una tensión entre la percepción de “broma” por parte de algunos estudiantes y el impacto real que estos hechos generan sobre la convivencia institucional, la continuidad pedagógica y la seguridad.
El abordaje educativo se centra en la concientización. Rondas estudiantiles y espacios de participación permiten trabajar con representantes de distintas escuelas del distrito sobre el alcance de estas conductas. Allí se registran posturas críticas de los propios alumnos, quienes expresan malestar por la interrupción de clases y el clima de preocupación que generan estos episodios, aun cuando en algunos casos no dimensionen la gravedad potencial.
En paralelo, el sistema educativo articula con el Poder Judicial. Las amenazas, ya sean telefónicas o escritas en instalaciones escolares, derivan en investigaciones penales que en la región se concentran en fiscalías penales. Estas actuaciones implican despliegues de recursos estatales y, en los casos confirmados, derivan en sanciones económicas a las familias de los responsables, con montos que alcanzan cifras millonarias.
El protocolo vigente, difundido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, establece una secuencia de acción clara. Ante la detección de una amenaza, cualquier integrante de la comunidad educativa debe informar de inmediato a la dirección del establecimiento, que a su vez tiene la obligación de radicar la denuncia y notificar a las autoridades superiores. A partir de allí se activa un dispositivo de intervención institucional que incluye el acompañamiento a estudiantes y familias, así como el seguimiento del caso en el marco de situaciones de conflicto escolar.
Las escuelas secundarias del distrito cuentan en su mayoría con Equipos de Orientación Escolar, integrados por profesionales del campo educativo y social. Estos equipos no cumplen funciones de investigación penal, sino que intervienen en la contención, el análisis de la convivencia y la elaboración de estrategias pedagógicas frente a estos episodios. En los pocos casos donde no hay equipos propios, el acompañamiento se realiza a nivel distrital.
En Cañuelas se registraron amenazas en el último período, lo que llevó la aplicación del protocolo y la profundización de las acciones preventivas. La problemática, lejos de ser aislada, se inscribe en un fenómeno más amplio que combina cultura digital, circulación global de contenidos y desafíos para la gestión educativa.
