Leandro Barni
La apertura de sobres de las últimas licitaciones impulsadas por Vialidad Nacional marcó un avance en la redefinición del esquema de concesiones de rutas nacionales y dejó entre los oferentes confirmados a AUBASA, la empresa estatal de la provincia de Buenos Aires que busca ampliar su red de operación sobre corredores estratégicos que rodean a Cañuelas.
La compañía, creada en 2013 y controlada mayoritariamente por el Estado bonaerense, se presentó para concesionar tramos centrales de la Autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226, en el marco de la Red Federal de Concesiones – Etapa II. Se trata de vías con alto tránsito diario que conectan el área metropolitana con polos industriales, zonas rurales y destinos turísticos.
El proceso reunió a decenas de empresas interesadas, aunque solo un grupo reducido superó la instancia de admisibilidad. Entre ellas figura Aubasa, que presentó su documentación con el objetivo de incorporar nuevas trazas a los más de 1200 kilómetros que ya administra en territorio bonaerense, incluyendo corredores de relevancia como la Autovía 2 y la ruta 11.
La licitación contempla un esquema integral bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, que incluye no solo la explotación de los corredores sino también la ejecución de obras, ampliaciones, mantenimiento, servicios al usuario y desarrollos complementarios que permitan mejorar la sustentabilidad económica de los tramos adjudicados.
La participación de la empresa provincial se inscribe en una estrategia orientada a sostener presencia estatal en corredores considerados críticos para la conectividad y la seguridad vial. En particular, la ruta 3 y el eje Ezeiza–Cañuelas concentran un flujo significativo de transporte de cargas y tránsito interurbano, con niveles de deterioro que exigen intervenciones estructurales.
Desde el punto de vista operativo, la eventual adjudicación implicaría para Aubasa asumir compromisos de modernización, incorporación de tecnología, ampliación de calzadas y mejora de servicios, en línea con el modelo de gestión que ya aplica en otras autopistas provinciales. El esquema tarifario, en ese contexto, se proyecta vinculado a costos operativos y variables económicas, con criterios de gradualidad.
En paralelo, el proceso licitatorio se desarrolla en un escenario de redefinición del rol del Estado nacional en la obra pública vial, con una mayor participación del sistema de concesiones. Las definiciones finales sobre adjudicaciones se esperan en las próximas semanas, en un cronograma que podría extenderse entre marzo y abril.
