Leandro Barni
El incendio que afectó a un amplio depósito de autos y autopartes sobre la Ruta Nacional 205 el domingo pasado volvió a poner en primer plano una trama de interrogantes que se arrastra desde hace casi una década. Se trata de un predio de grandes dimensiones, utilizado para el acopio de vehículos chocados o recuperados de robos, que ya había sido objeto de reiterados pedidos de informes de la oposición en el Concejo Deliberante local sin que existiera, hasta hoy, información oficial conocida.
Desde 2018, distintos proyectos del bloque Cambiemos reclamaron precisiones sobre la habilitación municipal del establecimiento, el rubro bajo el cual operaba y los controles ambientales realizados antes y después de su instalación. El último de esos pedidos fue presentado en julio de 2024 y ponía el foco en el impacto ambiental del predio: posibles derrames de aceites, combustibles, líquidos de freno y otros residuos contaminantes, así como la falta de datos sobre inspecciones periódicas.
La ausencia de respuestas dejó sin esclarecer aspectos clave, como la identidad de la empresa responsable, el alcance de su actividad y si estaba inscripta en los registros provinciales obligatorios para la compactación de vehículos.
Tampoco trascendieron informes oficiales vinculados a relevamientos realizados por organismos de seguridad provincial, pese a que se habrían llevado a cabo inspecciones en el lugar durante el último año.
El siniestro expuso, además, las condiciones de riesgo acumuladas en el predio. La combinación de pastizales secos, materiales inflamables y restos de automóviles con combustibles y fluidos favoreció la rápida propagación del fuego.
Aunque el incendio afectó solo una parte del terreno, persiste la preocupación por las consecuencias ambientales, tanto en el suelo como en las napas de agua, en una zona donde la actividad industrial convive a escasa distancia.
Con el inicio de un nuevo período legislativo 2026, se anticipa la presentación de un pedido de informes más amplio de la concejala radical Claudia Pelereteguy, que incluirá no solo al Departamento Ejecutivo municipal sino también a organismos provinciales con competencia en la materia. El objetivo es reconstruir qué controles existieron, cuáles faltaron y qué responsabilidades podrían surgir tras un episodio que volvió visible un problema largamente advertido y nunca aclarado.
