Tanto la UOCRA como la Cámara Argentina de la Construcción están señalando una situación de emergencia. A pesar de que el presidente Javier Milei había prometido que las obras que se encontraban en ejecución no iban a detenerse, la realidad indica otra cosa: el gobierno nacional dejó de girar fondos y todos los días se paralizan los trabajos, se levantan obradores y se pierden empleos.

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente” y reveló que en lo que va del gobierno de Milei se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos en el sector y otros 100 mil indirectos.

En un comunicado, la UOCRA denunció “la pérdida de puestos de trabajo”, la “desaceleración de la inversión” y la “ausencia de gestión e interlocutores válidos” para encontrar mejoras en el sector de la construcción.

El motivo, sostuvieron, es básicamente “la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución”. Por eso, agregaron que “es inaceptable que el Gobierno no se responsabilice de estas consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas”.

En tanto, la Cámara Argentina de Construccion (Camarco) advirtió que la situación actual es “crítica” e instó a las autoridades a buscar una solución conjunta para evitar el quiebre de empresas.

A través de un comunicado, informaron que hay cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas a Camarco que dan empleo a más de 500.000 trabajadores y familias.

Obras viales en PBA

Entre las obras paralizadas -o que están a punto de paralizarse- se cuentan varias ubicadas en el corredor de la Ruta 3, entre ellas la Variante Cañuelas, de la AU Ezeiza Cañuelas, cuya ejecución está a cargo de la empresa SACDE S.A. La Variante tiene un avance físico del 44%, y el estado nacional acumula una deuda con la empresa de más de $1.700 millones.

También el tramo de la Ruta 3 hasta el Acceso Gorchs -con una deuda de $54 millones, que tenía prevista la finalización en enero del 2026- y la finalización de la Variante Las Flores, a cargo de la empresa Luis Losi S.A., que tenía fecha prevista de finalización en octubre de 2024 y acumula una deuda de $525 millones.

Hace un año, la situación era diferente. Gustavo Arrieta era el administrador de Vialidad. 

En la Ruta 3 también se encuentra a punto de paralizarse la construcción del tramo entre las rutas 33 y 22, en el acceso a Bahía Blanca, a cargo de las contratistas Centro Construcciones S.A., Técnico pisos S.A., Esuco S.A. y Bahía Blanca-UTE. En esta obra, el gob ierno nacional acumula una deuda de $518 millones.

Otro de los trabajos importantes que se hallan prácticamente paralizados son los que se llevan a cabo en la Autopista Presidente Perón. El Tramo I está a cargo de la empresa SACDE S.A., que desde noviembre de 2023 no recibe pagos del gobierno nacional. La deuda acumulada supera los $2.400 millones. En el caso del Tramo II -a cargo de la UTE integrada por CPC S.A. y Contreras Hermanos- la deuda es de $2.655 millones.

También se encuentra frenada la autopista Buenos Aires-La Plata (AU Balbín), cuya finalización estaba prevista para octubre de este año. Actualmente, la UTE de las empresas Esuco S.A. y Helport S.A. acumula una deuda de $1.650 millones.

En la Ruta 5, está paralizada la Variante Mercedes, y el tramo entre Mercedes y Suipacha; también, la autopista entre Carmen de Areco y Chacabuco y el tramo entre San Andrés de Giles, Junín y la Variante Chacabuco (todas en la Autopista Ruta 7); el tramo Maguire-Fontezuela (en la autopista RN 8); la Ruta Nacional 226 en la intersección del acceso a Sierras Bayas y en el acceso a Balcarce. 

En todos los casos, los últimos desembolsos en concepto de certificaciones se realizaron en noviembre o diciembre durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde entonces, hace más de dos meses que las empresas no reciben depósitos.

La mirada de Arrieta

Quien se refirió a la dramática situación fue el ex Administrador de Vialidad y actual parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta. 

“La paralización de estas obras tiene un impacto tremendo en la vida de cada uno de los trabajadores de la construcción, que ven como se ponen en riesgo sus puestos de trabajo en un momento en el que atravesamos una situación muy difícil producto del ajuste brutal del gobierno nacional”, sostuvo el funcionario cañuelense.

“Pero además, quienes supuestamente hablan del desarrollo del país no tienen en cuenta el retraso que genera la paralización de estas obras. Todas ellas son obras planificadas hace más de 30 años, pensadas en función del crecimiento de las comunidades, de la seguridad vial, pero también de una visión de crecimiento de la producción y el trabajo”, agregó

“La paralización de estas obras implica un aumento de los costos si se decide retomarlas en el futuro. Esta decisión del gobierno está pensada desde una planilla de cálculo, claramente desde una visión de considerar la obra pública como un gasto y no como una inversión”, cerró el parlamentario.