El fuego que a veces altera el ambiente del Concejo Deliberante se elevó un poco la semana pasada cuando se vieron las diferencias tanto en el oficialismo como la oposición en torno al otorgamiento de prisión domiciliaria a algunos presos, en el marco de la pandemia del coronavirus. Mientras el Frente de Todos buscó despegarse de la polémica, los representantes de Juntos por el Cambio apuntaron la responsabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos, con el aval del Ejecutivo nacional y provincial.
Los concejales oficialistas quedaron atravesados por un debate intramuros que despertó una fuerte controversia pública a nivel nacional. La discusión en torno a las excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la pandemia dejó expuestas miradas entre garantistas y duros.
En el salón ‘Manuel Belgrano’ del Concejo se dio lectura a dos iniciativas, del oficialismo  y la oposición en ese sentido.  Antes del debate se decidió unificar los dos proyectos y destinar los pedidos de información a la Procuración bonaerense, Patronato de Liberados y Juzgado de Garantías 8 de La Plata, con asiento en Cañuelas.
En el recinto los oficialistas negaron que el Gobierno esté avanzando con un plan para liberar presos.  Un proyecto de Comunicación de Juntos por el Cambio, presentó un requerimiento de información a la Procuración bonaerense y el PatronaTo de Liberados para conocer la cantidad de personas beneficiadas con detención domiciliaria en el distrito de Cañuelas.
Asimismo, solicitan conocer los datos de identidad, domicilio, delito por el cual fue procesado, tiempo restante para el cumplimiento de la condena y medidas de monitoreo previstas para el control de los detenidos.
Por otro lado, si las medidas de monitoreo para el control de las detenciones domiciliarias tienen algún costo para las arcas municipales.
La edil Claudia Peleretegui, de Juntos por el Cambio, justificó la iniciativa diciendo que se referían a un tema nacional  o provincial pero con “influencia” en nuestro distrito que afectan la “tranquilidad”, frente a una serie de prisiones domiciliarias “indiscriminadas” y que “atentan contra el ciudadano común”.
“Parece una operación mediática todo esto. El presidente fue claro y dijo que esto corresponde al Poder Judicial. Nunca desde el Poder Ejecutivo pueden tener injerencia sobre la Justicia. Hay división de poderes. Instalar en la sociedad este tipo de comunicación, lo único que genera es pánico; confundir a la gente. El centro de la cuestión es el problema sanitario y el hacinamiento en las cárceles”, defendió el presidente del Frente de Todos, Maximiliano Mazzanti.   Y luego aclaró que con el proyecto de su bloque pretende saber por los controles implementados, a quiénes alcanzó y el tipo de delitos que cometieron. También se sumó el massista Leonel Fangio preguntando si la identidad y domicilio de los beneficiados no estaría vulnerando derechos civiles.
La polémica alrededor de la liberación de presos en el marco de la pandemia del coronavirus provocó que la radical Peleretegui recuerde que en algún momento el presidente Alberto Fernández avaló la liberación del ex funcionario nacional Ricardo Jaime. Para ratificar la postura de Mazzanti pero sobre todo a los dichos del presidente frente a los reclusos, Alejandro Cid Menna  pidió la palabra para manifesta: “bronca. Se habla con falta de respeto y falto de argumentos. No sé si esto es el comienzo o cómo serán en el futuro las sesiones. No puede decirse que se avala esto desde la Nación y de la Provincia. Se les está faltando el respeto a las investiduras. Hablen con seriedad, no digan cualquier cosa”.
Los proyectos de ambos bloques fueron unificados y se aprobaron por unanimidad.

Leandro Barni
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Con un monitoreo dinámico se vigila a 13 presos con domiciliaria

El beneficio de la prisión domiciliaria que desató polémica y obligó a revisar la actuación de los jueces llegó a la ciudad, donde hay gente que se vio beneficiada con el otorgamiento de una morigeración a su 
detención.

Si alguien imaginaba que los últimos acusados de delitos que volvieron a sus casas en nuestra ciudad, beneficiados con el otorgamiento de una morigeración a su prisión preventiva, era monitoreado electrónicamente a través de una tobillera magnética o una custodia policial fija, está equivocado.
La decisión de la Justicia de mandar a sus domicilios a delicuentes que están cumpliendo una pena o con prisión preventiva, en varios casos, con el argumento de evitar más contagios del coronavirus en los penales, derivó en polémica y hasta llegó al Concejo Deliberante de Cañuelas.
La nómina de liberados no es pública y se teme que haya liberados con delitos graves.
Por ahora la intendenta municipal no puso el alerta de lo que está aconteciendo.
Los casos no son aclarados hasta el momento, como lo quieren saber algunos ahora, como los ediles que aprobaron un proyecto de comunicación en ese sentido. 
Se menciona el caso de un procesado por doble homicidio culposo al que se le permitió regresar a su casa después de estampar su auto contra otro rodado en Ruta 3 y haber ingerido alcohol en exceso.
Ese hombre es uno de las trece causas de personas acusadas que supo este medio de fuentes policiales y judiciales, que ya pasan sus horas en sus hogares y en plena cuarentena.
Mientras que una buena parte de la sociedad mira con temor cómo algunos individuos lograron eludir el penal, más lo harán al conocer que ninguno de esos presuntos delincuentes tienen pulserita.
No  hay gente tampoco del servicio penitenciario que monitoreé estas situaciones. Solo los hombres y mujeres de la policía de la Provincia, con sus vehículos, cubren los controles domiciliarios.
No hay hasta el momento otro sistema que vigile el cobijo de los acusados en Cañuelas.
Entonces estos procesados sin condena, que ya no están en una Comisaría, Alcaidía o Unidad Penitenciaria, se encuentran liberados y en sus casas.
¿Pero quién controla a esta docena de procesados?, ¿hay riesgo de que cometan nuevos delitos?, ¿cuántas veces al día comprueba la policía que el excarcelado no se fugó?
Por lo que supo este semanario de quienes llegaron a este beneficio son ‘visitados’ todos los días por agentes de la Bonaerense.
“No tenemos personal para llevar otro sistema de control”, afirmó un jefe policial con asiento en el distrito.
En tal sentido para el control también participan patrullas municipales a los domicilios declarados por los beneficiados de la excarcelación.
Desde la Justicia se explica que en esta situación ante el COVID-19 es el Juez de Garantías quien lleva a que se cumpla con este beneficio, evaluando y discerniendo en los casos, la adopción de medidas alternativas o morigeradas de personas privadas de su libertad.