Sufrió una intrusión, denunció y debe pagarle al usurpador

Mónica Graciela Giordano se manejó con las vías formales, primero compró con su esposo Miguel Angel Bobanovic un terreno en Los Pozos, obtuvo la escritura y el lote quedó con el proyecto de construir una quinta familiar. Alambraron, abonaron los tributos provinciales y municipales. Luego averiguaron por un crédito hipotecario. Un tiempo más tarde fueron a tomar las medidas para la obra y se encontraron con una casa, de unos 30 metros cuadrados, habitada con gente desconocida. A partir de allí la pareja se sumergió en los laberintos judiciales.
La mujer, se dirigió a la policía de Los Pozos e inició una denuncia por una usurpación en el kilómetro 52,300 de la Ruta 3 en Los Pozos, precisamente en calles Dupuy y Quintana. La acción penal no tuvo resultado y lo encararon por la vía civil. Más tarde envió cartas documentos al ocupante con el fin de desalojar el inmueble.
A un año y ocho meses de la sentencia que reconoce al matrimonio –oriundos de Gregorio de Laferrère– como dueños, no logran que el intruso y su familia sean simplememente notificados. Los dueños legítimos quieren vender el terreno y  así superar una crítica situación económica. Resulta que con el decreto de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 el ocupante no ha logrado que responda las notificaciones judiciales con el clásico correo ni por WhatsApp sobre la valuación del predio y todo vuelve a estirarse.
Durante el proceso judicial, Sergio Leonel Chazarreta, el usurpador, negó las afirmaciones de Giordano y afirmó que el lote era un baldío, además que en el año 2007 empezó a ocuparlo, al mismo tiempo que efectuó tareas de mantenimiento, construyó el pozo para el agua y luego vino la construcción de una casita. Además contó que con el tiempo pudo llevar a su mujer y dos hijos menores de edad.
Por otro lado en el Juzgado Civil y Comercial 21 de La Plata, donde se originó el expediente de este caso cañuelense, se acreditó que Chazarreta, sin autorización de la titular de las tierras empezó a edificar. Durante el encuadre jurídico, el magistrado Héctor Iacomini, a cargo del 21, razonó que “ante la admisión de la demanda, surge la obligación de restituir al reivindicante lo existente al momento de la ocupación. Por lo que el poseedor tiene derecho a ser indemnizado de los gastos necesarios hechos en las cosas, como así de las mejoras útiles, debiendo el propietario indemnizar todo aquello que lo benefició”.
Asimismo en la sentencia, se afirmó que “previo a la entrega de inmueble por el demandado y su grupo familiar conviviente a la parte actora, deberán cuantificarse los gastos efectuados por mejoras introducidas en la etapa de ejecución de sentencia, mediante prueba idónea y depositarse por la actora, el valor de las mismas a favor del demandado. El poseedor recupera lo invertido en tales mejoras y de tal modo no habrá enriquecimiento injusto a su favor, pues se trata de reintegrar el gasto que las mismas le generaron. Es que tratándose de un poseedor de mala fe, tiene derecho a ser indemnizado”.
Finalmente el juez dictó: “Condenar a Chazarreta y su grupo familiar conviviente a restituir a la actora, el inmueble, previo pago por la actora, de los gastos generados por la introducción de las mejoras en el predio”.
Durante este largo proceso la mujer pudo recabar información de los movimientos y organizaciones, a veces con conexiones en las esferas políticas y judiciales, que alcanzan para imponerse con lo ajeno. Giordano siempre sospechó de una concejala con mandato cumplido de nuestro distrito.
A finales de febrero, durante una nota en este semanario, la mujer recordaba que perdió un crédito para construir en el lugar cuando empezó la intrusión, además de contraer problemas de salud y laborales, como inconvenientes con una abogada local por este tema. “Lo único que me quedó es un auto usado y los impuestos pagos, cuando en esa zona nadie los hacía”, se lamentó. Y luego concluía: “Me gustaría saber alguna manifestación de la intendenta, y que también nos reciba, porque somos varios los que perdimos nuestras tierras usurpadas en Cañuelas”.

Leandro Barni – leandrob@elciudadano.com.ar