"¿Y si hablamos de Cañuelas?", la polémica consigna libertaria que buscó agitar la grieta en el Concejo Deliberante

El debate político volvió a desnudar sus diferencias en la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Mientras el oficialismo puso el foco en temas de alcance nacional, los bloques de la oposición insistieron en discutir las problemáticas que afectan directamente a los vecinos del distrito.

La jornada arrancó a las 19.50 del jueves con un cruce simbólico. Las bancas de La Libertad Avanza fueron decoradas con carteles que preguntaban: “¿Y si hablamos de Cañuelas?”. La frase funcionó como una crítica al oficialismo, al que acusan de centrarse en una agenda nacional. Del otro lado del recinto, Unión por la Patria respondió con su propia señal de protesta: un cartel con una mujer gritando y de fondo la palabra "democracia".

Gas, Vialidad y vetos

Uno de los primeros puntos del orden del día fue un proyecto de resolución que expresó el repudio a la desregulación del gas licuado de petróleo envasado, una medida dispuesta por decreto del Ejecutivo nacional. Desde Unión por la Patria, el concejal Alejandro Cid Menna tomó la palabra y advirtió que esta decisión “será perjudicial para los vecinos de Cañuelas y el resto del país”. Según el edil, la liberación del precio del gas envasado sólo favorece a los distribuidores, mientras que “los damnificados, sin dudas, son los vecinos”, remarcando que el 50% de la población local se calefacciona con garrafas.

Desde el radicalismo, Cristian Pérez Armari reconoció que existe una falta de gas natural en el distrito y cuestionó que la desregulación deja al mercado en manos de un oligopolio. “El Estado debió intervenir para defender al vecino”, afirmó, aunque también respaldó la competencia como un mecanismo necesario para mejorar el servicio.

Por su parte, el libertario Juan Bautista Augusto defendió la medida del Gobierno Nacional y aseguró que “el decreto busca eficiencia y competitividad”. Argumentó que la reforma podría mejorar la distribución en zonas rurales y desmintió que el Estado se esté retirando: “Mantiene la cobertura y la seguridad, con precios más competitivos”. Además, denunció irregularidades en la asignación de subsidios y aseguró que el régimen de zonas frías seguirá vigente, por lo que Cañuelas mantendría los beneficios.

La propuesta fue aprobada con el voto afirmativo de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical.

El oficialismo impulsó también otro proyecto de resolución para rechazar el cierre de Vialidad Nacional. Cid Menna explicó: “Existe una medida judicial cautelar que impide, por ahora, el cierre. Pero esperamos un fallo definitivo. Es una decisión inconstitucional: hay una ley detrás de este organismo. Su desmantelamiento implica la expulsión de 5 mil trabajadores calificados y técnicos. Además, es un ataque a una institución histórica que planifica las rutas nacionales”.

Pérez Armari, aunque desde otro enfoque, coincidió en su rechazo: “La situación de Vialidad me duele. Fue un orgullo ese espacio. La tuvimos en Villa Adriana (kilómetro 56 de la Ruta 205) con oficinas y talleres, pero dejó de flamear la bandera hace años. Hoy ese predio es tierra de nadie. Si preguntamos por un responsable, no hay nadie que pueda responder. Nunca más hubo mantenimiento en la zona. Apenas levantan basura o algún animal muerto”.

Este proyecto también fue aprobado con apoyo de UP y la UCR, mientras que los libertarios mantuvieron su postura en contra, alineados con la política de reducción del Estado impulsada por el Gobierno nacional.

En fuerte contraste, el concejal libertario defendió el cierre. “Vialidad fue epicentro de corrupción, como quedó demostrado con la condena de la ex presidenta Cristina Fernández. Era una estructura fracasada, sobredimensionada, con costos millonarios. Su cierre no es abandono, sino una redistribución eficiente. No se puede mantener un organismo repleto de administrativos sin justificación. El nuevo modelo apunta a una gestión más ágil y moderna”, argumentó.

La votación terminó en empate, y fue el presidente del Concejo, Maximiliano Mazzanti, quien debió usar su voto para desempatar a favor del repudio, lo que permitió que el proyecto fuera aprobado por mayoría.

La sesión continuó con una fuerte preocupación planteada desde Unión por la Patria sobre los vetos inminentes de las leyes recientemente aprobadas por el Senado de la Nación. Diana Barcia, concejala de UP, se refirió a la necesidad urgente de una moratoria previsional, especialmente en un contexto de crisis económica que afecta principalmente a los adultos mayores. “Hay aumentos del gas, de los medicamentos. Los jubilados no pueden seguir pagando el costo de una crisis que no generaron. Es justo que quienes tienen grandes capitales contribuyan más, no los que tienen una jubilación mínima”, señaló Barcia. Y añadió: “Las fuentes de financiamiento están claras, pero no se puede seguir poniendo el peso de la crisis sobre los hombros de los jubilados”.

Barcia también criticó la falta de atención al tema de la discapacidad, un problema que, según ella, se agrava por la falta de una compensación adecuada. “Se habla de compensación de los juegos de azar y subsidios al transporte, pero no se respetan. Los aportes por ley corresponden a las provincias, pero ahora se quiere disciplinarlas”, indicó.

La preocupación por los vetos fue también compartida por la radical Emma Corbalán, quien expresó su temor ante las medidas del Gobierno Nacional: “Es una situación alarmante. Los vetos son una clara muestra de que se quiere frenar el avance de las leyes aprobadas por el Senado. Esto no solo afecta a los jubilados y a los discapacitados, sino a toda la sociedad”.

Por su parte, Claudia Pelereteguy, también de la UCR, fue contundente en su crítica: “Cada vez aumentan los precios, al igual que los servicios. No entiendo para quién gobierna este Gobierno. No se puede elegir entre comer o una garrafa o medicamentos. No aumentan los nomencladores para discapacidad. El que apoya este Gobierno no está pensando en los jubilados ni en los discapacitados. Los más vulnerables son los que más sufren”.

Proyectos ambientales y de infraestructura local

La sesión también incluyó proyectos vinculados a temas de medio ambiente y urbanismo. La Fuerza del Cambio PRO presentó un proyecto de comunicación sobre el cierre temporario del EcoPunto, pero la propuesta fue rechazada en la votación y pasó a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis. La concejala Natalia Blasco, autora de la iniciativa, se mostró decepcionada por el rechazo.

Otro tema que generó debate fue la certificación ambiental solicitada por la empresa Hijos de Pedro Vincenti S.A. La propuesta también fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, a pesar de Blasco que pide mayor información y transparencia sobre el proyecto.

Por otro lado, la UCR presentó un proyecto de resolución solicitando a la Intendencia que instruya a los establecimientos escolares del distrito para que aporten nombres de calles para los nuevos barrios en expansión. La iniciativa fue promovida por Emma Corbalán, quien destacó que “es fundamental dar identidad a los nuevos barrios, y las escuelas son el lugar perfecto para involucrar a los vecinos y estudiantes en la asignación de nombres representativos”.

El tema de la asignación de nombres a las calles de los nuevos barrios generó debate también en el bloque de Unión por la Patria. Ángel Cruz, a cargo del mismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que algunos de los nombres propuestos no sean aceptados por todos los concejales. “Es importante que cada bloque proponga nombres que luego serán debatidos en las comisiones correspondientes, porque lo que se elige debe ser un consenso”, sostuvo Cruz.

Además, el concejal enfatizó que “es positivo que se involucre a la comunidad, pero debemos ser diligentes y trabajar rápidamente. En tiempos tan cortos, el conjunto de concejales de la Comisión de Educación y Cultura debe llevar este tema adelante con más celeridad para cumplir con las expectativas de los vecinos”.

La iniciativa regresó a la comisión de Cultura y Educación.

Otro de los proyectos que avanzó en la sesión fue la reparación y ampliación del playón de la plaza Belgrano. El proyecto propone no solo mejorar las instalaciones para que los vecinos puedan disfrutar de un espacio más adecuado para la práctica deportiva, sino también recrear un circuito de juegos infantiles y espacios destinados a la realización de ferias de productos.

Asimismo, se incluyó en la propuesta la poda profesional de los árboles circundantes, con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad del área. Este proyecto fue aprobado por unanimidad por los concejales.

Otro tema aprobado fue la construcción de rampas en la esquina de la oficina de Anses, una solicitud realizada por los concejales libertarios. La propuesta fue bien recibida por todos los bloques, quienes autorizaron la obra por unanimidad. También, como parte de esta iniciativa, alumnos de la Escuela Técnica de Cañuelas están trabajando en la construcción de una rampa para la misma oficina en sus talleres.

En emergencia

Uno de los proyectos más polémicos de la sesión fue el proyecto de ordenanza sobre la declaración de emergencias presentando por el oficialismo. Diana Barcia, concejala de UP, defendió la iniciativa, señalando que la situación de crisis que atraviesa el municipio hace necesario este tipo de medidas. “La emergencia permite adecuar lo administrativo y contable según lo que se necesite para afrontar la situación”, sostuvo Barcia.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Pelereteguy, de la UCR, criticó duramente el retraso con el que se presentó el proyecto. “Este proyecto debió haberse ingresado en diciembre de 2024, colocando claramente los gastos. Pero ahora, a siete meses de distancia, se quiere aprobar con destinos específicos y sin justificación clara. No entendemos el motivo de este retraso”, expresó la concejala.

Desde el PRO unibloque, Blasco también se mostró en contra de la medida. “La emergencia es una herramienta de excepción, y en 2019 ya votamos este tipo de medidas. Ahora pretenden seguir en la misma condición, lo que refleja la mala administración y la irresponsabilidad con los recursos del municipio. Convalidar esto sería un acto de irresponsabilidad de todos los concejales”, afirmó Blasco.

Por su parte, Bautista Augusto agregó que existen argumentos suficientes para no acompañar la iniciativa. “No me sirve que me hablen de superávit, cuando la falta de información es alarmante. Hay una clara ausencia de transparencia. No podemos aprobar algo de esta magnitud sin contar con los datos necesarios", expresó el edil.

Antes de la votación, un fuerte cruce de términos entre Blasco y la oposición generó tensión. Blasco tildó a los concejales oficialistas de “caraduras” por no hacerse cargo de la administración del municipio, un calificativo que provocó la reacción inmediata de Barcia, quien se sintió personalmente ofendida. La situación derivó en un llamado de atención por parte del presidente del Concejo, que instó a Blasco a moderar sus palabras y mantener el respeto en el debate.

Finalmente, la votación sobre el proyecto de emergencia terminó en paridad, lo que llevó a Mazzanti a desempatar a favor del proyecto. La oposición, sin embargo, mantuvo su postura y votó en bloque en contra, mientras que la mayoría del oficialismo lo aprobó.

En otro de los proyectos tratados, se aprobó por unanimidad una ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a formalizar una contratación de leasing con el Banco Provincia para la compra de un camión volcador, un camión compactador y luminarias. Barcia celebró la medida como una “herramienta de financiación muy positiva”, que permitirá fortalecer el área de Servicios Públicos en el distrito. Este proyecto fue respaldado por todos los bloques sin objeciones, como parte del esfuerzo por mejorar los servicios municipales.

Empezado el viernes, un proyecto presentado por la oposición para solicitar descuentos en las tasas municipales generó debate, revelando las diferencias entre los bloques sobre el manejo fiscal del municipio. La Fuerza del Cambio PRO fue quien impulsó la propuesta, con la concejala Blasco destacando que la medida tenía como principal objetivo aliviar la carga tributaria de los vecinos de Cañuelas, quienes enfrentan dificultades económicas. Según Blasco, el Ejecutivo municipal debe contar con todas las herramientas necesarias para optimizar la recaudación, pero sin perjudicar la economía de los contribuyentes. "Es momento de aliviar a los vecinos, que están pasando por una crisis, sin que esto ponga en riesgo los recursos municipales", expresó Blasco al defender su iniciativa.

Por otra parte, desde el oficialismo, Cruz dejó en claro que el descuento en las tasas es una decisión que corresponde al Ejecutivo y que no debería ser una propuesta tomada por el Concejo Deliberante. "Esto es una competencia exclusiva del Ejecutivo", señaló, insistiendo en que la política fiscal debe ser manejada por el Gobierno local, y no a través de un proyecto de resolución impulsado por los concejales. Cruz subrayó que cualquier tipo de modificación en las tasas municipales debe ser analizado por el equipo económico del municipio.

En tanto, Pérez Armari fue más moderado en su intervención, indicando que la propuesta de la oposición representaba una oportunidad para no complicar el futuro y que no veía inconvenientes en que se evaluara en un contexto más amplio. "Miramos hacia adelante, no a lo que pasó. No creo que esto complique el panorama, sino que puede ser una buena medida", comentó, sugiriendo que la propuesta podía tener un impacto positivo sin generar mayores problemas en el manejo fiscal municipal.

Por su parte, Cid Menna (Unión por la Patria) fue tajante en su intervención, subrayando que, aunque no se cuestionaba la existencia de la carga tributaria, la potestad de decidir sobre las tasas y su modificación recaía exclusivamente sobre el Ejecutivo. “No estamos diciendo que esto no exista, lo que estamos diciendo es que no se va a eliminar. La evaluación del presupuesto y la política fiscal son responsabilidad del Ejecutivo. Las tasas no se sacarán, y este tipo de decisiones son de su competencia”, concluyó el concejal.

A las 0.31 del viernes, la votación final sobre el proyecto llegó, y la propuesta fue desaprobada por el oficialismo.