Las PASO terminaron de agudizar un escenario económico que ya venía golpeado por la pandemia, la sequía y las turbulencias  internas propias del Gobierno. Apenas dos días después de la victoria de Javier Milei, el ministro de Economía, Sergio Massa avanzó con una devaluación del 22%. El dólar oficial pasó de $289 a $365 para la compra, el blue alcanzó su máximo histórico por encima $800 y aunque bajó a $700 al cierre del mercado de ayer, el salto fue determinante para alterar los parámetros económicos y proyectar un incremento en la descontrolada inflación que pega en el país.

La coyuntura golpeó aún más a distintos sectores productivos, que deben importar sus insumos para poder sobrevivir. El agro, la construcción, la industria y el comercio transitan una de las crisis más graves desde 2001 y los tiempos de la hiperinflación: el reajuste casi diario de precios y la incertidumbre financiera se convirtieron en parte del panorama de los últimos meses.

En ese sentido, El Ciudadano sondeó la situación de algunos sectores y dialogó con sus referentes.

En el rubro comercio, la PASO dejó un aumento de los precios y el impacto de  la devaluación. El presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Cañuelas, Gustavo Sacco, dio sus señales: “Cuando el ciudadano les quita la confianza a sus representantes, la caída libre es inexorable. Hace mucho tiempo que el pueblo los viene votando y nunca estuvieron a la altura. La incertidumbre que tiene el empresariado y el comerciante, que se juega su capital y sus ahorros acopiados, a veces en materia prima acorralados por la falta de credibilidad, hace que cada uno se proteja como puede. Hay una pérdida de poder de consumo del trabajador, las empresas no pueden hacerse de materia prima por las trabas a la importación y se van a tener que achicar. El comercio es el primer receptor del bolsillo devaluado y va impactar en esta actividad, que no va a poder sostener las fuentes de trabajo, con un preocupante cierre de comercios y aumentos de hasta un 150% de los alquileres”.

Néstor Garavaglia, dedicado a la venta de cerámicos, porcelanato y sanitarios, aseguró: “El reordenamiento de precios es imprescindible para poder planificar a futuro. Estimo que hasta que no se defina la política, no va a cambiar el panorama. Al nuevo gobierno solamente le pido que su gestión sea con la verdad; como objetivo de gobierno creo que es la forma que los ciudadanos podamos creerle y de esta manera proyectarnos en nuestras actividades”.

Sobre las expectativas del sector, que viene de una extensa sequía, el productor rural Fernando Noseda, ex presidente de la Sociedad Rural Cañuelas, expresó: “Las medidas, para que tengan impacto positivo y credibilidad, tienen que apuntar a incrementar la producción, a dar previsibilidad y hacerlo en tiempo y forma. Algunas de las decisiones adoptadas apuntan a mejorar la situación del sector. Pero uno tiene miedo que duren tres meses y se terminen. La economía sigue convulsionada y estamos en una toma de decisiones frente a las elecciones. Hay propuestas políticas que son muy contrapuestas. Y es evidentemente esa convulsión la que crea cimbronazos. No sabés hacia dónde va a virar el país. Esto sacude a todos los mercados, no solo al agropecuario”.

El licenciado en Economía y docente de UCES, Fernando Agra, también expuso su mirada. “El próximo gobierno debería implementar un plan de estabilización que conjugue medidas fiscales que indiquen un sendero de equilibrio alcanzable y sostenible a corto y mediano, que paulatinamente eliminé la dominancia fiscal y torne a la política monetaria independiente de la situación fiscal y resolver la maraña de regulaciones cambiarias que entorpecen el acceso al mercado de cambios”.

En ese marco, el especialista consideró que “el éxito de un plan de estabilización dependerá de la credibilidad que genere el nuevo gobierno y de la consistencia de sus medidas. Hasta ahora las medidas anunciadas por el gobierno son meros paliativos”.

Los consumidores

Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el julio, una familia tipo necesitó en el Conurbano, $110.079,26 pesos para cubrir gastos de alimentación básica durante todo el mes. Un mes después, el valor de igual canasta llegó a $139.789,65 pesos para adquirir los mismos alimentos indispensables. 

Ese fue el resultado del relevamiento mensual realizado desde el índice Barrial de Precios en Comercios de Cercanía de los barrios populares de veinte distritos bonaerenses. 

“Hace dos semanas hicimos compras y los precios otra vez aumentaron un montón. Venimos a las cadenas porque algunas cosas no encontramos en el almacén de barrio. En otro momento íbamos a los chinos porque tenían precios buenos, pero ahora son como cualquier otro. Conseguimos el azúcar a $700 y en el barrio está $1000. Y la leche es lo que más consumimos porque tenemos dos nenes”, dijo Damián Baéz, de 33 años, de Estación Levene.