La grieta política que complica a dueños e inquilinos por igual

El oficialismo tildó de “maniobra electoral” el tratamiento solicitado por Hernán Lombardi, legislador del PRO. Sin acuerdo, se pateó para el 23 de agosto.

Interés general 10/07/2023 El Ciudadano
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El cartel electrónico muestra la negativa al apartamiento del reglamento que solicitó el bloque del PRO.

La Cámara Baja retomó el debate, en el medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, de la controvertida Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio pidió su derogación, pero el Frente de Todos rechazó el tratamiento por considerarlo una “maniobra electoral”.

Los legisladores discutieron, además, la modificación al Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Crédito Hipotecarios, o créditos UVA, iniciativa lanzada por el gobierno de Mauricio Macri y que trajo severas complicaciones a quienes tomaron estos préstamos.

La Ley de Alquileres no formaba parte del temario de la sesión del miércoles, pero el diputado del PRO, Hernán Lombardi pidió un apartamiento del reglamento para que se trate “sobre tablas” un proyecto de su autoría que proponía derogar la norma actual y volver a la regulación del Código Civil.

Su proyecto, que solo tenía el respaldo de legisladores amarillos, no contaba con dictamen de comisión, por lo que necesitaba tres cuartas partes de los votos para ser tratado. El oficialismo adelantó inmediatamente que no acompañaría esa iniciativa por lo que inevitablemente resultaría rechazada.

Luego, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, pidió una moción para convocar a una sesión especial para el 23 de agosto, una semana después de las PASO, para debatir todos los proyectos sobre el tema.

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Por tratarse de un proyecto sin dictamen de comisión, recibió 102 votos a favor, 113 negativos y 9 abstenciones.

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de crédito hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30 por ciento de los ingresos.

Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los UVA, que se rige por la inflación como parámetro de ajuste en las cuotas.

Además, la propuesta establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquella vivienda adquirida a través de este tipo de crédito.

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