El Ciudadano
En plena auditoría integral de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno detectó una irregularidad de enorme impacto: 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como activos pese a estar fallecidos. Fue tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El hecho encendió alarmas en la Casa Rosada, donde ya se analiza avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes percibieron los beneficios como contra los prestadores involucrados.
El Senado dio dictamen a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Inocencia Fiscal
La detección se produjo en el marco del reordenamiento del organismo, intervenido tras el escándalo que derivó en la salida de su extitular, Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios en los que se lo escucha hablar de un presunto circuito de cobro de coimas.
Si bien el exfuncionario presentó recientemente en la Justicia un informe pericial en el que asegura que esas grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, la auditoría avanzó y comenzó a exponer inconsistencias estructurales en la agencia.
El actual interventor, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud Mario Lugones, fue quien ordenó el cruce de bases de datos y autorizó las bajas inmediatas de los certificados observados. Según explicaron fuentes oficiales, el próximo paso será cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores que declararon haber brindado servicios.
El CUD es un documento público y gratuito que certifica la discapacidad de una persona y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el país. Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene vencimiento fijo, aunque requiere actualizaciones periódicas que hoy se encuentran prorrogadas.
El hallazgo forma parte de una serie de irregularidades que obligaron al Poder Ejecutivo a impulsar el pasado 28 de agosto una auditoría integral sobre el organismo que incluyó además la revisión de contratos, luego de que Spagnuolo apuntara contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem, por presunto pedido de coimas.
Los resultados aún no están cerrados, y podrían ser oficializados sobre el final del primer trimestre de 2026.
