Leandro Barni
La crisis del transporte público en el AMBA y el interior de la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo crítico que amenaza con paralizar la vida cotidiana de miles de usuarios. Vecinos de San Miguel del Monte, Abbott, Berra, Videla Dorna y diversos parajes rurales de Cañuelas se unieron en un reclamo drástico: presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de Transporte de la Nación contra la empresa Expreso Liniers S.A. (Línea 88), acusándola de haber retirado de forma unilateral y sin autorización estatal la totalidad de sus servicios en el crucial tramo Once-Cañuelas-Monte.
El conflicto, que viene escalando desde finales de junio, ya provocó severos focos de tensión institucional. En Monte, una masiva movilización de usuarios que trasladó las quejas al Concejo Deliberante derivó en un hecho histórico para el municipio: las autoridades legislativas suspendieron la sesión ante la falta de respuestas, generando una profunda indignación. Los afectados acusan tanto a las empresas como a los ejecutivos locales de "avalar el recorte" y desatender las necesidades de docentes, alumnos, pacientes y trabajadores para quienes el colectivo es la única vía de conexión.
La respuesta estatal e institucional deja al descubierto un complejo entramado de competencias que, en la práctica, deja a los ciudadanos desamparados. Mientras que el Municipio de Cañuelas salió a aclarar que sus facultades de control se limitan exclusivamente a la Línea Comunal 502 —cuyo contrato está vigente para unir Cañuelas con localidades como Uribelarrea y Máximo Paz—, deslindaron la responsabilidad del tendido de la Línea 88, al ser de jurisdicción estrictamente nacional.
Para intentar algo de solución, la descomunal brecha de conectividad, la empresa implementó un denominado "rondín" bajo el número de la Línea 502 para cubrir el tramo Monte-Km 35. Sin embargo, la solución sembró más quejas que alivio: los vecinos denuncian que se trata de una única unidad manejada por el mismo chofer durante todo el día, que funciona solo de lunes a viernes y deja los fines de semana y feriados a los pueblos en una situación de virtual aislamiento.
Ante el impacto directo en comunidades educativas sensibles, como la del histórico Colegio Don Bosco en Uribelarrea, las comunas han iniciado gestiones de emergencia para asegurar refuerzos en los horarios escolares hasta el inicio de las vacaciones de invierno. De no haber un vuelco inmediato por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) o una mesa de diálogo conjunta entre los intendentes de la región, los usuarios nucleados ya advirtieron que judicializarán el conflicto mediante la presentación de un amparo y una medida cautelar urgente. El pedido de fondo sigue siendo uno solo: que el transporte no deje de ser un derecho garantizado.
