La ex presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Mariela Aristegui, fue denunciada penalmente por los presuntos delitos de Realización y Promoción de Juego Ilegal, Administración infiel y Asociación ilícita.

La denuncia fue formulada la concejal Diana Barcia y el Municipio se presentó como querellante. Acompañaron Juan Carlos de Los Santos, socio de Bomberos, y el abogado Ulises Baqué.

Además de Aristegui, fueron acusados Horacio Botto, Carlos Palumbo, Guillermo Silva Amaro, Graciela Manzano, Marcelo Mansilla, Micaela Mansilla, Carlos Vandolino y “todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o instigador”.

La denuncia, que recayó en la Fiscalía N°2 a cargo de la Dra. Norma Pippo, asegura que existió una asociación ilícita entre los denunciados, que escudándose como administradores de la Comisión Directiva de Bomberos, organizaron durante ocho años una rifa ilegal y sin autorización municipal que, según afirman, generó “ingresos millonarios” sin que existiera control de ningún tipo ni por parte del Gobierno ni de los miembros de la institución respecto del destino de los fondos recaudados.

En la presentación efectuada ante la Fiscalía, los denunciantes afirman que sólo en la última campaña de 2022 los ingresos generados por la polémica rifa estarían entre 28,8 y 50,4 millones de pesos y que no existen los balances de los años 2019, 2020 y 2021.

“Al sustraer los fondos recaudados de todo control, le han provocado a la Sociedad de Bomberos Voluntarios un perjuicio económico solamente en los últimos tres períodos por más de 16 millones de pesos”, afirma la denuncia, contabilizando la deuda con el Municipio por el Fondo Benéfico de Rifas y lo que dejó de recaudar la Sociedad de Bomberos Voluntarios.

Barcia le pidió a la Justica que investigue la “campaña de adhesión de socios” que para ellos cumplió un doble rol: no rendir cuentas ante las autoridades de lo recaudado por medio de la rifa, y al mismo tiempo impedir el acceso de nuevos socios con voz y voto y poder de contralor en la Comisión Directiva. “Esta supuesta campaña es, en realidad, una herramienta para perpetuarse en el control de la institución a través del manejo de la Comisión (...) llegando al colmo y extremo de que en la última asamblea de socios mal convocada, ni siquiera se realizó el acto eleccionario que el propio Estatuto Social prevé”, aseguró la concejal del Movimiento Evita, acompañando una denuncia en tal sentido efectuada ante la Dirección de Personas Jurídicas.

La polémica rifa

Lo que se presentaba como un “inocente bono contribución” o “campaña de socios adherentes” era en realidad una rifa, y los eufemismos utilizados eran parte de “un ardid para evitar el contralor municipal de los fondos y el destino de los mismos” y tampoco pagar el aporte al Fondo Benéfico de Rifas, cuyo destino es aportar para insumos e infraestructura de Salud. La denuncia cita el Decreto provincial 9403/47 que expresamente considera rifas a las “denominadas campañas de socios patrimoniales o protectores y todo otro emprendimiento aleatorio que a través de sorteos asignen recompensas como objetivo principal”.

A su vez, la normativa expresamente prohíbe a las entidades de bien público “contratar o delegar en terceras personas la organización de las mismas”.

Como prueba documental, Barcia presentó una nota del actual presidente, Silva Amaro, fechada en mayo del 2022 en la que adjuntó un “contrato de trabajo” en el que se delega la realización de la rifa. Dicho convenio está firmado por Aristegui, Botto y Carlos Palumbo y, según afirma, “comprueba que incumplen lo normado por la Ley Provincial y la Ordenanza Municipal”.

Se adjuntó una nota del Municipio, del 13 de mayo del 2022, en la que le pide a la Comisión de Bomberos Voluntarios que “modifiquen la denominación de la misma” exigiendo que los volantes “deben contener una leyenda que indique que se trata de una “rifa” y no un bono contribución ni una campaña de socios adherentes.

Si bien en su momento Amaro negó la calificación de rifa y sostuvo que siempre se trató de una campaña de socios, los denunciantes adjuntaron como prueba publicaciones del Facebook de Bomberos Voluntarios promocionando los sorteos y mostrando a los ganadores y el folleto promocional con un teléfono y mail para recibir información sobre los “números favorecidos”.

En el Juzgado de Garantías, en tanto, el abogado José Luis Perrotat solicitó que se acepte al Municipio como “particular damnificado” en la denuncia que se encuentra en la Fiscalía de Pippo.

Manejo fraudulento

La denuncia también plantea la posibilidad del delito de Administración Fraudulenta, acusando a Aristegui y el resto de la Comisión. En este sentido, este delito requiere que exista “pluralidad de acciones homogéneas”, y se argumenta que esta rifa encubierta se realiza, al menos, desde 2019.

En la denuncia consta que, durante ese lapso, “la Sociedad de Bomberos no sólo sufrió perjuicio económico sino también la pérdida de capital humano” y afirman que “más de 26 bomberos voluntarios se encuentran fuera de la institución por la persecución sufrida” por parte de la Comisión y del interventor Vandolino y aseguran que en algunos casos “se crearon sumarios administrativos injustificados para tenerlos callados o fuera del cuartel, ya que si ese personal volviese a la actividad, deberían nombrarlos jefes, y se terminaría la intervención.

De acuerdo a la prueba documental presentada, existe además un perjuicio económico por la diferencia entre los montos comprometidos por los organizadores de la rifa, y lo efectivamente pagado a los Bomberos, y que hubo una decisión de correr de la institución a los socios activos y a los bomberos del cuerpo activo, además de no permitir el ingreso de nuevos socios, como una forma de “perpetuarse en el manejo fraudulento de la misma”.

La Justicia deberá investigar si, como aseguran la denuncia, todo queda en familia. “El Sr. Mansilla, esposo de la ex presidenta Dra. Aristegui, evidentemente ha venido a ocupar en el entramado de la Comisión Directiva el lugar dejado por su esposa”, aseguran y agregan que “la impunidad con que se manejan estas personas las llevaron al extremo que una de las dos revisoras de cuenta, María Mansilla, es la hija de la Aristegui y del actual vicepresidente Mansilla”. Es decir, la hija fiscalizaba desde su cargo a su propio padre.

En tal sentido, piden que se investigue la conformación de una asociación ilícita, poniéndose de acuerdo en delegar la suscripción de socios y sustraer de todo control cifras de alrededor de $25 millones anuales, “todo estaba armado para confundir a los vecinos de Cañuelas, escondidos detrás de una noble institución para recolectar fondos en forma fraudulenta”.

“La intervención del cuerpo activo se llevó adelante para tapar el desmanejo económico que venía y viene realizando en la institución”, aseguran, tajantes.

La Justicia tiene en sus manos una denuncia que quema.