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Más de dos millones de pesos y diez días de suspensión de habilitación dictó la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, a una firma que estaba en el Parque Industrial, con vigiladores y telefonía sin declarar.
Policiales25/09/2021
El Ciudadano
Más de dos millones de pesos fue la multa que le aplicaron a una empresa de seguridad que prestaba servicios en el Parque Industrial Cañuelas, donde no había presentado la documentación para tener dos efectivos y con un equipo de comunicaciones no declarado. La imputación la efectúo la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, del Ministerio de Seguridad bonaerense. Además, la suspendió durante unos días con una causa contravencional.
Securitas Buenos Aires S.A., una prestadora de seguridad privada, con sede en Vicente López, fue sancionada por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, con la suspensión de diez días y con la multa de un total de 2.182.752 de pesos, por haberse acreditado que prestó un servicio de seguridad privado sin haber comunicado en tiempo y con un equipo de comunicaciones no declarado.
La firma mencionada todavía estaba a tiempo de impugnar la resolución dictada por la Dirección para la Gestión de la Seguridad con algún tipo de apelación, según se consignó en el boletín informativo del ministerio de Seguridad bonaerense.
Para el Ministerio, Securitas, durante una constatación en el Parque Industrial Cañuelas, en Ruta 6 kilómetro 96,500, el 20 de agosto de 2020, tenía un vigilador, pero sin credencial habilitante y con un teléfono celular; además estaba acompañado de otro vigilador. Ambos, según Seguridad, cumplían tareas de vigilancia, protección y custodia de bienes y personas del lugar.
La Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, citó a Securitas, pero no prestó declaración sobre la situación endilgada en Cañuelas. Y según constataron, la firma se encontraba prestando un servicio sin haber comunicado en tiempo y forma la celebración de contrato de prestación de servicio de seguridad privada y con un equipo de comunicaciones y personal no declarados ante el organismo contralor.
Leandro Barni – [email protected]

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