A inicios de este mes se cumplió un año de la muerte violenta de quien fuera la secretaria privada de la intendenta, Mirta Barcia, en manos dos jóvenes de nuestra ciudad que la sorprendieron cuando se despedía de la casa de su hermana en inmediaciones del Molino Cañuelas.  La causa será elevada a juicio antes de fin de año para que los acusados sean sometidos ante un tribunal criminal en La Plata.  
Y puede ocurrir que el juzgamiento del hecho de la docente y agente estatal sea entre ciudadanos, es decir por un juicio popular, sin la participación directa de jueces. Pero para ello, los imputados tienen derecho a elegir este modelo, ya que el delito por el cual se los investigó prevé una pena superior a los 15 años de prisión.  
Los detenidos Leonardo Ezequiel Quinteros y Juan Pedro Corvalán, con Alan Arrieta, son los sospechosos del crimen de la vecina Barcia. Los dos primeros, acusados de homicidio por el concurso premeditado de dos personas y ‘criminis causa’ agravado por el empleo de arma de fuego y arma blanca. El último, procesado por encubrimiento agravado.  
Los acusados principales tienen a un defensor particular de la ciudad y el otro un defensor oficial.  
El mes que viene se estima que la Asesoría Pericial de La Plata pueda determinar si en las prendas de vestir de Mirta que llevaba al momento de su ataque mortal, se encuentra algún material que revele que se usó un arma de fuego. Resulta que durante la investigación no se pudo confirmar que hubo un balazo con un arma de puño como aseguran los testigos. Nunca se pudo encontrar un elemento que acredite si se usó un arma de fuego que impactó contra el cuerpo de Barcia. También se toma esta pericia para saber si hubo presencia de arma blanca. Se trata de un tema pericial controvertido.  
Los testigos hablan de un arma, que se usó, y que escucharon el tiro, pero nadie vio si le impactó el disparo, aunque registraron cuando Mirta se cayó.  
La autopsia afirma que murió por una herida punzo cortante. Entonces hay pocas chances que fue un arma de fuego lo que le quitó la vida. De este modo es que piensan los investigadores en la posibilidad de que usaron un arma de fabricación casera. Es por ello que se necesita ahora el trabajo de los laboratoristas para que encuentren algún tipo de material.   

Juicio por jurados 
Se trata de un juzgamiento con 12 ciudadanos comunes y legos del Derecho. De optar el imputado por un tribunal técnico, con los votos de dos de los tres magistrados sería condenado; frente a un jurado popular la condición culpabilidad es tener diez de los doce votos y unanimidad si el delito prevé prisión perpetua.  
Antes del juicio en sí mismo, hay un proceso de selección de los ciudadanos que ejercerán el rol de jurados. Se elabora un pequeño padrón en base a un sorteo. Para el día del juicio, se citan a 24 mujeres y 24 hombres, de entre 21 y 75 años. Se filtra en ese día a los que tengan algún tipo de relación con la víctima, imputado y el fiscal. Tampoco pueden ser abogados o ser funcionario, ni ser miembro de alguna fuerza de seguridad.  
La ley que establece el sistema del juicio por jurados determina que actuará en delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, que alguno de ellos supere dicha pena.  
Según la norma, el jurado está compuesto por 12 ciudadanos titulares y seis suplentes, que son elegidos por sorteo del padrón electoral y reciben instrucciones de un juez, que les indica el encuadre jurídico de la cuestión a resolver.  
Además, determina que luego del debate decide el jurado entorno a la inocencia o no del ciudadano sometido a proceso.  

Leandro Barni – [email protected]