El Ciudadano
Gustavo Arrieta en la última sesión del Parlasur. El legislador cañuelense, vicepresidente del organismo, estuvo activo con dos iniaciativas.
Gustavo Arrieta presentó en el Parlasur dos iniciativas parlamentarias destinadas a reforzar la posición regional frente a la explotación hidrocarburífera ilegal en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Además, logró la aprobación de una recomendación destinada a promover sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes en los países del bloque, junto con la creación de un Observatorio Regional de Protección Social que permita relevar información, identificar desigualdades y fortalecer el diseño de políticas públicas.
Proyecto e informe
En representación de Fuerza Patria, Arrieta expuso un proyecto de declaración para expresar el repudio institucional a esas actividades y de un pedido de informes dirigido al Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur para conocer las acciones que se están llevando adelante frente al avance de esos emprendimientos.
El primero de los proyectos propone que se manifieste un “enérgico repudio” a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas o proyectadas sin autorización de la República Argentina, con especial referencia al proyecto Sea Lion.
La iniciativa también ratifica el respaldo a los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, rechaza el aprovechamiento colonial y transnacional de los recursos naturales del Atlántico Sur y exhorta al Reino Unido a cesar las decisiones unilaterales y reanudar las negociaciones conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.
En los fundamentos se advierte que estas actividades constituyen una modificación unilateral de la situación mientras permanece abierta la disputa de soberanía, contradicen las resoluciones de la ONU y violan la legislación argentina, que prohíbe y sanciona administrativa y penalmente la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado nacional.
La segunda iniciativa consiste en un pedido de informes al CMC para que informe al Parlasur el estado de situación de las actividades hidrocarburíferas desarrolladas o proyectadas en torno a las Islas Malvinas sin autorización argentina. El proyecto solicita precisiones sobre las gestiones diplomáticas realizadas ante el Reino Unido, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, las acciones administrativas y judiciales impulsadas en aplicación de las leyes argentinas y la estrategia regional para impedir el avance de estos emprendimientos.
Entre sus fundamentos, el pedido sostiene que el avance del proyecto Sea Lion y de otras iniciativas similares exige fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, identificar a las empresas y actores involucrados y asegurar la aplicación efectiva de las sanciones previstas por la legislación argentina para proteger los intereses económicos, ambientales y estratégicos del país.
Recomendación
La propuesta de Arrieta plantea avanzar hacia una mayor coordinación entre los Estados Parte para garantizar el acceso equitativo a derechos sociales a lo largo de todas las etapas de la vida, con un enfoque basado en los derechos humanos, la equidad de género y la cooperación regional. Entre las medidas recomendadas se encuentran la armonización de las políticas de protección social, la definición de indicadores comunes y metas compartidas, y el fortalecimiento de la asistencia técnica y financiera entre los países del Mercosur.
Uno de los ejes centrales de la recomendación es la creación de un Observatorio Regional de Protección Social, que tendrá como función recopilar, sistematizar y analizar datos cuantitativos y cualitativos sobre la situación social de los países miembros, monitorear la evolución de los principales indicadores, identificar brechas y evaluar periódicamente los avances alcanzados.
La iniciativa parte de un diagnóstico regional que advierte sobre desafíos persistentes como la pobreza infantil, las desigualdades económicas y de género, la informalidad laboral, las brechas previsionales, el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidado.
Al fundamentar el proyecto, Arrieta sostuvo que la protección social constituye “un derecho humano fundamental” y destacó que la integración regional también debe traducirse en herramientas comunes para reducir desigualdades y ampliar derechos. En ese sentido, remarcó que contar con información confiable, indicadores homogéneos y mecanismos de cooperación permitirá diseñar políticas públicas más eficaces y fortalecer la capacidad de respuesta de los Estados frente a los desafíos sociales de la región.
Aquí conviene poner el foco desde el título en la explotación hidrocarburífera ilegal y presentar claramente que Arrieta impulsó dos iniciativas distintas: un proyecto de Declaración y un Pedido de Informes.
