Leandro Barni
La tensión política y económica en Cañuelas sumó un nuevo capítulo de conflicto sectorial. Bajo la lupa de la comunidad técnica y de los desarrolladores inmobiliarios, la denominada “Contribución sobre la Valorización Inmobiliaria” —vigente desde diciembre de 2025— enfrenta un duro frente de resistencia.
El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito 3, Lomas de Zamora), que nuclea a los Maestros Mayores de Obras (MMO), ingresó formalmente una carta en la Mesa de Entradas del municipio local. La misiva, firmada por el presidente de la entidad, Ricardo Spadaro, exige una audiencia urgente con la Intendencia para discutir las severas inconsistencias de una tasa que, según denuncian, mantiene paralizada la actividad constructiva en la región.
Un impuesto y sin reglas claras
El reclamo de los técnicos sintoniza de forma directa con la presentación realizada en junio por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Uno. La principal queja radica en el altísimo impacto fiscal de la ordenanza, que grava con un 20% los emprendimientos inmobiliarios, loteos, grandes superficies comerciales y construcciones multifamiliares.
Spadaro marcó la enorme disparidad de esta tasa en comparación con otros distritos bonaerenses:
"Todos los municipios tienen una plusvalía, la diferencia es que en otras comunas se cobra un 10% como máximo y en Cañuelas es del 20%. Nos parece excesivo. Pero lo más preocupante es que la ordenanza existe, pero no está bien reglamentada".
De acuerdo con el sector técnico, no existen precisiones sobre las áreas de aplicación de la tasa (si rige de igual manera para barrios cerrados, countries o zonas comunes urbanas). El cálculo, que se efectúa sobre el valor estimado de obra estimado por la caja de ingeniería multiplicada por los metros cuadrados, queda muchas veces en un limbo de interpretación que roza la arbitrariedad.
Sospechas de discrecionalidad y clandestinidad
Uno de los puntos más sensible del debate gira en torno a cómo y quién determina el monto final de la plusvalía. En el sector profesional circulan fuertes versiones que indican que las liquidaciones no siguen un canal administrativo transparente, sino que se resuelven en reuniones directas y cerradas entre los propietarios de los desarrollos y un asesor letrado de la Intendente.
"El matriculado llega hasta la presentación del plano y después citan directamente al propietario para pagar la plusvalía. Necesitamos reunirnos para saber cómo se cobra, bajo qué conceptos y si se rinde en las cajas municipales como corresponde", sentenció el dirigente.
Las consecuencias de este vacío reglamentario y la presión impositiva ya se sienten, según los técnicos, en la calle:
• Parálisis de inversiones: Desaliento a nuevos desarrolladores ante la incertidumbre de los costos finales.
• Obras clandestinas: Profesionales denuncian un fuerte incremento de construcciones sin registrar, impulsadas por propietarios que buscan eludir el gravamen del 20% antes de someterse a multas o arreglos discrecionales.
El blindaje en el Concejo Deliberante
La reacción de los colegios profesionales ocurre en un clima de alta polarización política. A principios de este mes, el bloque oficialista de Fuerza Patria hizo valer su mayoría en el Concejo Deliberante local para bloquear cualquier intento de control. Con diez votos contra ocho, el oficialismo rechazó un pedido de informes presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) que exigía explicaciones detalladas sobre la recaudación y aplicación de este tributo.
Con el canal legislativo clausurado por la mayoría oficialista, el conflicto se traslada ahora al plano netamente corporativo y técnico. Los arquitectos, agrimensores y ahora los Maestros Mayores de Obra aguardan una respuesta del Ejecutivo local. En el sector advierten que, de persistir el silencio oficial y la falta de reglas claras, la judicialización de la tasa de plusvalía será el próximo paso inevitable.
