Leandro Barni
Un grupo de propietarios de parcelas ubicadas a la altura del kilómetro 71 de la Ruta Nacional 3 encendió las alarmas ante las autoridades de Cañuelas por un presunto desarrollo inmobiliario que vulneraría las normativas vigentes de ordenamiento territorial. A través de presentaciones formales ingresadas tanto en el Departamento Ejecutivo municipal como en el Concejo Deliberante, los damnificados demandaron una fiscalización urgente sobre un predio de tres hectáreas que comenzó a comercializarse de manera masiva en redes sociales bajo formatos habitacionales de dimensiones reducidas, un esquema incompatible con los indicadores fijados por ley para ese sector del distrito.
El conflicto técnico se originó tras detectarse la oferta pública —a través de canales digitales informales como Marketplace de Facebook y WhatsApp— de lotes a partir de los 422 metros cuadrados dentro de la parcela identificada catastralmente como circunscripción 3, sección A, chacra 6 (Partida Inmobiliaria 47174).
De acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 997/94, que rige el Código de Zonificación local, la región está catalogada como "zona complementaria", un estatus que exige parámetros de preservación específicos: un parcelamiento mínimo de 10.000 metros cuadrados por unidad y una densidad habitacional estricta de apenas una vivienda por parcela. La subdivisión proyectada por los comercializadores del denominado "campito", en cambio, prevé la instalación de al menos 18 unidades funcionales.
“El crecimiento urbano debe desarrollarse de manera ordenada, garantizando condiciones adecuadas de infraestructura, salubridad y seguridad, tanto para los actuales como para los futuros habitantes”, manifestaron los denunciantes en los escritos presentados formalmente ante el Concejo Deliberante —con fecha del 15 de mayo de 2026 bajo el número de seguimiento 3186— y dirigidos a Rubén Darío Caballero, titular de la Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones municipal.
La mayor preocupación comunitaria radica en el severo impacto ambiental y sanitario que traería aparejada la proliferación abrupta de pozos ciegos en un área carente de redes de agua corriente y cloacas integradas.
Según explicaron los residentes históricos, quienes se asentaron en la zona buscando la fisonomía de terrenos amplios, arbolados y de baja densidad, una concentración urbana ilegal de esta magnitud derivaría indefectiblemente en la contaminación microbiológica y química de las napas freáticas de las que se abastecen para el consumo diario, además de generar un colapso estructural en la escasa provisión de servicios públicos de la periferia.
Los expedientes adjuntan capturas de pantalla de las ofertas inmobiliarias de una firma local, donde se promocionan terrenos baldíos a un valor base de 13.000 dólares, o alternativas que incluyen módulos habitacionales tipo container (de 3 por 12 metros) por 20.000 dólares, con la promesa de entregar escrituras en el plazo de un año bajo la figura legal de propiedad horizontal (PH) o condominio. No obstante, al realizarse las correspondientes consultas técnicas en el área de Catastro de la Municipalidad de Cañuelas, los funcionarios informaron a los vecinos que no consta en los sistemas oficiales ningún registro aprobado ni trámite de excepción que autorice la aplicación de tales figuras jurídicas para dicha parcela.
Frente a la sospecha de un vacío de control, el vecindario extendió su estado de alerta al señalar que operaciones de idénticas características informales se replican en puntos cercanos como el barrio Peluffo, Santa Anita y a la altura del kilómetro 72 de la misma traza vial. Por tal motivo, las comisión de Legislación y Reglamento del Concejo Deliberante evalúan el dictado de medidas preventivas y la solicitud de informes ambientales exhaustivos para frenar preventivamente las obras de subdivisión interna hasta tanto se certifique la legalidad del emprendimiento.
