Leandro Barni
El debate por la contaminación de la cuenca alta del Matanza-Riachuelo sumó un capítulo de fuerte tensión comunitaria e institucional en el partido de Cañuelas. Tras el ingreso formal de una nota presentada por el vecino Hernán Fiori ante el Concejo Deliberante local, la comisión de Medio Ambiente comenzó a analizar un pormenorizado reclamo que califica de "insuficiente y burocrática" la información provista por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) respecto del estado de fiscalización de las industrias locales.
El documento, que también fue remitido a ministerios provinciales, entes reguladores del agua y defensorías del pueblo de la Provincia y la Nación, advierte sobre la persistencia de un "daño ambiental de magnitud" que afecta de forma directa a los cursos de agua, los suelos, las napas freáticas y potencialmente la salud de la población. Amparado en las leyes de Acceso a la Información Pública y Ambiental, el texto exige terminar con las "derivaciones corporativas" y transparentar la nómina de empresas declaradas agentes contaminantes.
"Los vecinos informan, reclaman, denuncian y exigen acciones concretas, no enlaces generales", subraya la presentación. El foco del reclamo vecinal apunta a un grupo de firmas e inspecciones realizadas en zonas críticas como los arroyos de Castro, Cebey y Rodríguez, así como dentro del propio Parque Industrial de Cañuelas. Se solicita, entre otros puntos, acceder de manera urgente a los estudios de impacto ambiental y a las certificaciones de aptitud de los establecimientos.
Uno de los ejes más alarmantes de la denuncia radica en el funcionamiento de silos a cielo abierto destinados al acopio de grasas sin las debidas cubiertas de aislamiento, una situación que, según advierte Fiori, puede verificarse mediante cartografía digital pública y representa un riesgo inminente de desborde hacia los arroyos cercanos y filtración en las napas. Asimismo, el texto interpela al Estado por la ineficacia de las penalidades: “Es imprescindible una explicación de por qué la empresa Hijos de Pedro Vicente continúa con vuelcos contaminantes pese a las multas aplicadas desde octubre de 2023”. Las exigencias de aclaración por sanciones y planes de adecuación se extienden además a establecimientos frigoríficos y a la firma Grabya.
La preocupación comunitaria también se traslada a las calles del partido. El escrito denuncia una preocupante "falta de fiscalización" municipal sobre camiones y transportes tipo volquetes que salen de las plantas industriales derramando fluidos de olor nauseabundo de forma permanente por rutas y vías urbanas, circulando sin que se difunda el destino final ni el tratamiento de las cargas de desecho. tras un relevamiento propio en portales oficiales de control, el denunciante detectó anomalías severas en los certificados de disposición final: mientras algunas firmas registran múltiples validaciones mensuales, otras apenas computan un par en cuatro años o carecen de registros, un escenario calificado como "improbable" para industrias activas.
Invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a un ambiente sano, el reclamo vecinal exige al Concejo Deliberante local y a los organismos competentes una mirada "más profesional y menos complaciente", demandando la clausura inmediata de aquellas industrias que persistan en la ilegalidad bajo la resolución de ACUMAR 12-2019, junto al diseño de planes de restauración con plazos estrictos y mecanismos de control ciudadano.
