Leandro Barni
En el kilómetro 57 de la Ruta 3, en el partido de Cañuelas, un emprendimiento inmobiliario que prometía una vida rodeada de verde y amenities exclusivos quedó envuelto en una compleja investigación penal. La fiscalía procesó al desarrollador del barrio privado Praderas 57 por una presunta maniobra de estafa vinculada a la venta de lotes sin la habilitación provincial necesaria para escriturar.
La resolución judicial fue dictada el pasado 5 de mayo en el marco de la causa 3644, iniciada en 2024 a partir de la denuncia de 16 compradores. Según la investigación, el empresario comercializó parcelas prometiendo que podrían escriturarse una vez canceladas las cuotas, aunque el emprendimiento no contaba con la factibilidad definitiva exigida por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial para este tipo de urbanizaciones cerradas.
La pesquisa avanzó luego de distintos informes oficiales, declaraciones testimoniales y documentación incorporada al expediente. Uno de los elementos centrales que valoró la fiscalía fue la confirmación de que el barrio no estaba inscripto en el registro provincial correspondiente ni reunía los requisitos administrativos indispensables para habilitar la comercialización bajo el régimen de propiedad horizontal.
Para los investigadores, allí radicaría la figura de estelionato, una modalidad de defraudación prevista en el artículo 173 inciso 9 del Código Penal. La hipótesis sostiene que los terrenos fueron vendidos ocultando restricciones legales que impedían concretar la escrituración prometida a los compradores.
La causa también incorporó denuncias vinculadas al manejo de las expensas. Según consta en el expediente, los pagos habrían sido recaudados en cuentas personales y no a través de una administración formal o consorcio constituido. Esa situación derivó además en la imputación por presunta administración fraudulenta.
En paralelo, varios vecinos denunciaron episodios de presión e intimidación cuando comenzaron los reclamos judiciales y administrativos. Entre las acusaciones aparecen cortes de servicios y restricciones para quienes cuestionaban la situación del barrio o dejaban de abonar expensas. Por esos hechos se sumó el delito de coacción.
El emprendimiento ocupa unas 36 hectáreas, de las cuales más de 23 están destinadas a lotes residenciales. Aunque el proyecto prometía club house, calles asfaltadas y áreas recreativas, parte de esas obras todavía no estaría terminada. Mientras tanto, unas veinte familias permanecen en un limbo legal: viven o invirtieron en terrenos que, para la normativa provincial, aún no reúnen las condiciones para ser escriturados.
Fuentes judiciales señalaron que, pese a que el imputado posee domicilio en España, no se ordenó su detención porque se presentó en cada citación y continúa sometido al proceso. La investigación, de todos modos, sigue abierta y podrían incorporarse nuevas medidas de prueba.
