Leandro Barni
La sala de un vecino transformó un proyecto de vida familiar en una pesadilla de cenizas y escombros. El brutal ataque perpetrado la madrugada del 29 de enero de 2025 en el barrio Chacras del Alba, una zona semirural del partido de Cañuelas, camina con paso firme hacia la instancia de un juicio por jurados. En el banquillo de los acusados se sentará Orlando Alcides Lutz Fogar, un profesional de salud de 62 años que actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, imputado por el delito de "tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual".
Las víctimas, Agui y Vane, se habían mudado a la intersección de las calles Beltrán y Calle 3 buscando la tranquilidad del contacto con la naturaleza para criar a su pequeña hija de 5 años. Sin embargo, lo que debía ser un refugio se convirtió en un infierno cotidiano.
Según consta en el frondoso expediente judicial, Lutz Fogar montó una persecución sistemática y violenta que se extendió durante meses: vigilancia constante con binoculares, gestos amenazantes desde la propiedad lindera, amedrentamientos apuntándoles con una mira láser y agresiones físicas explícitas. En una oportunidad, filmada por las propias víctimas, el agresor se abalanzó sobre el capó de la camioneta familiar mientras las insultaba a los gritos.
La pareja llegó a radicar casi diez denuncias penales unificadas ante la Justicia y obtuvo una restricción perimetral de acercamiento. Sin embargo, la medida judicial se convirtió en papel mojado. El ensañamiento, que según organizaciones de la diversidad incluía un historial de violencia previo hacia otra pareja de mujeres del barrio a las que Agui y Vane habían defendido, escaló de manera drástica. El agresor ya había intentado prender fuego el medidor de luz de la propiedad en una ocasión anterior, como un macabro preludio de lo que vendría después.
El punto de inflexión y más grave de la causa ocurrió aquella madrugada de enero, cuando el imputado ingresó al terreno y provocó un incendio intencional que redujo la vivienda a escombros en pocos minutos.
La familia salvó su vida de milagro porque esa noche no se encontraba en el inmueble; fueron los propios vecinos de Chacras del Alba quienes alertaron a las mujeres mientras intentaban, de forma desesperada, sofocar las llamas con baldes y mangueras antes de la llegada de los bomberos y el patrullero del 911. El daño, de todas formas, fue absoluto: perdieron su hogar y la totalidad de sus bienes materiales.
Tensión en los tribunales y discursos de odio
En las últimas audiencias preliminares, la defensa de Lutz Fogar, encabezada por el abogado Gustavo Falcone, redobló la apuesta e intentó de forma reiterada conseguir la excarcelación del imputado. El argumento de la defensa generó una fuerte indignación en los pasillos de los tribunales platenses: sostuvieron que por su condición de profesional de la medicina y su holgada solvencia económica, el acusado no representaba un peligro de fuga ni entorpecería la investigación, intentando utilizar su estatus de clase como un salvoconducto de impunidad.
Tanto la Fiscalía como la querella se opusieron tajantemente a la soltura. El dictado de la prisión preventiva se mantuvo firme bajo el criterio de que el acusado representa un peligro latente para la sociedad y para las víctimas en particular.
Durante el debate de estas medidas cautelares, la defensa desplegó una estrategia agresiva, acusando al colectivo LGTBIQ+ de manifestar un "odio racial" hacia el médico y tildando a las denunciantes de formar parte de una agrupación "odiante de los hombres" que realizaba falsas denuncias.
La abogada querellante, Samanta Pedrozo, representante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), remarcó la gravedad institucional de estos planteos: "Suelo trabajar con cuestiones de género, de delitos sexuales y de diversidad, y aun así no me había pasado nunca lo que viví en la audiencia: que sea el propio abogado defensor quien ataque a las denunciantes con un discurso basado puramente en su propio odio y sin fundamentos jurídicos. Prácticamente no hay dudas de la autoría de Lutz Fogar; la investigación recolectó pruebas fílmicas y testimoniales contundentes".
Camino al veredicto popular
El debate quedó radicado ante el Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata y el proceso será dirigido por la jueza técnica Carolina Crispiani, junto al juez Emir Alfredo Caputo Tártara. Al tratarse de un juicio por jurados por elección del propio imputado, doce ciudadanos comunes serán los encargados de determinar, de manera exclusiva, la culpabilidad o inocencia del profesional respecto a los hechos fácticos.
El sistema de la provincia de Buenos Aires estipula que el jurado popular no define la calificación legal ni los agravantes. Su tarea consistirá en dictaminar si el incendio existió y si Lutz Fogar fue el responsable de intentar asesinar a la familia. En caso de obtenerse un veredicto condenatorio, el proceso pasará a una audiencia de cesura cinco días después. En esa instancia, la jueza Crispiani será quien evalúe los agravantes por prejuicio y orientación sexual solicitados por la querella para fijar la condena definitiva.
Desde el punto de vista penal e individual, la escala para una tentativa de homicidio agravado prevé una pena alta que arranca en los 15 años de prisión de efectivo cumplimiento.
En el aspecto social y colectivo, el caso ya fue incluido por Amnistía Internacional en su informe sobre la ofensiva contra los derechos de las diversidades en el país. La querella buscará que el juicio actúe como un fuerte precedente de reparación, emulando fallos históricos de los tribunales platenses como el del caso de Tehuel de la Torre o el proceso que se sigue por el triple lesbicidio de Barracas, donde Pedrozo también ejerce la representación legal de las víctimas.
Mientras tanto, en Cañuelas, una familia intenta rearmar su vida desde el desamparo de haberlo perdido todo.
