Leandro Barni
La suspensión transitoria del programa MESA en la provincia de Buenos Aires, formalizada a través de la Resolución N° RESO-2026-842-GDEBA-MDCGP, comenzó a tener efectos concretos en Cañuelas, donde más de 12.000 alumnos dejarán de recibir durante al menos 90 días los módulos alimentarios (cajas que se distribuían de forma mensual con alimentos básicos por unos 15 mil pesos) que funcionaban como refuerzo del esquema escolar.
La medida, vigente desde el 1° de mayo, se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial —Ley N° 15.557— y se explica oficialmente por la necesidad de reasignar recursos ante la caída de transferencias nacionales. En términos operativos, el Gobierno bonaerense resolvió redireccionar los fondos disponibles hacia el Servicio Alimentario Escolar (SAE), considerado el componente estructural del sistema, en detrimento del programa MESA, concebido como una herramienta extraordinaria.
El escenario había sido anticipado días antes. El 30 de abril, El Ciudadano publicó en su sitio web una nota titulada “Intendentes peronistas presionaron por fondos alimentarios y advierten por el impacto de los recortes”, en la que ya se advertía sobre las dificultades de financiamiento y el riesgo de interrupción del programa en territorio bonaerense.
Sin embargo, el trasfondo financiero introduce un elemento central en la discusión: el programa MESA contaba con un esquema de financiamiento mixto, en el que alrededor del 60% de los recursos provenían del Estado nacional, mientras que la Provincia aportaba una porción menor. La decisión del gobierno de Javier Milei de interrumpir esos giros es señalada por autoridades bonaerenses como el factor determinante que forzó la suspensión.
En esa línea, intendentes de la provincia habían reclamado la continuidad del programa en los días previos a la resolución, sin obtener respuesta favorable. La discontinuidad del financiamiento nacional no solo impacta en la ejecución inmediata, sino que además profundiza un desfasaje presupuestario: entre 2024 y 2025, el programa registró una actualización de apenas el 10%, frente a una inflación interanual del 55,9% según el INDEC. Para 2025, se habían solicitado más de $130.939 millones, de los cuales Nación aportó poco más de $77.523 millones.
Hogares sin cajas
En Cañuelas, el alcance del programa da cuenta de su peso específico dentro del entramado social. Durante abril se distribuyeron un total de 12.128 módulos a igual cantidad de estudiantes de 82 escuelas públicas de nivel inicial, primario y secundario. Según datos del Consejo Escolar Cañuelas, en localidades como Máximo Paz y el corredor de Ruta 3, la cobertura alcanzaba al 90% de la matrícula, lo que refleja un alto grado de dependencia de esta asistencia.
Traducido a escala cotidiana, el impacto se vuelve tangible: en aulas donde nueve de cada diez alumnos accedían a la caja alimentaria, la suspensión implica la pérdida de un ingreso indirecto para miles de hogares. Desde el Consejo Escolar local precisaron que el programa representaba una inversión mensual de $183 millones en alimentos, lo que proyectado a un año equivale a $2.196 millones que dejarán de volcarse en el distrito durante el período de interrupción.
La normativa establece que la suspensión no tendrá carácter retroactivo y garantiza el cumplimiento de obligaciones ya devengadas, así como las rendiciones pendientes. Al mismo tiempo, fija un plazo de tres meses para evaluar la viabilidad del programa y redefinir la política alimentaria bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.
En paralelo, la implementación de la medida también dejó en evidencia tensiones en la comunicación pública. En el territorio, la notificación a las escuelas derivó en interpretaciones dispares sobre el origen de la decisión, en un contexto donde la distinción entre la administración provincial y el financiamiento nacional resulta clave para comprender el alcance del recorte.
Con el SAE como eje excluyente durante este período, el sistema deberá absorber una mayor demanda en un escenario de deterioro del poder adquisitivo. La pausa del MESA, aunque definida como transitoria, reabre el debate sobre la sustentabilidad de los programas complementarios y el impacto concreto de los recortes en los niveles más sensibles de la política social.
