Leandro Barni
En la redacción de El Ciudadano, Gustavo Bastiano no se queda quieto. Habla sentado, se levanta, vuelve a sentarse, levanta la voz y, por momentos, parece estar viendo otra vez la escena. La describe con una precisión que no es técnica sino emocional, atravesada por algo más áspero que el dolor: la ira. Su hermano mellizo, Guillermo Bastiano (48), vigilador privado del barrio cerrado Altos del Carmen en la Ruta 205, fue asesinado en la madrugada del 21 de marzo en el centro de Cañuelas, cuando iba en bicicleta a cumplir su turno. Desde entonces, Gustavo duerme poco, repasa imágenes y exige respuestas.
“No era un tipo que buscara problemas. Iba a laburar”, dice. La frase vuelve varias veces, como si fuera un eje que no quiere perder. En su reconstrucción, lo cotidiano aparece primero: la madrugada compartida, el gesto mínimo, la rutina que ya no va a repetirse.
Esa última noche, Guillermo durmió en su casa del barrio Sarmiento. Se habían quedado hablando, viendo televisión, como tantas otras veces. A las cinco de la mañana sonó el despertador. Gustavo se levantó antes, lo apagó, lo dejó dormir unos minutos más. Le preparó el desayuno —un churrasco con huevos y aparte la creatina— y una milanesa como vianda para la jornada. “Lo acompañé hasta la puerta. Me dijo ‘dejá, no hace falta’. Igual lo acompañé. Y ahí fue la última vez que lo vi”, cuenta.
El detalle del teléfono olvidado funciona, en su relato, como una bisagra. Guillermo salió sin él. Gustavo pensó en llevárselo más tarde. Pero el tiempo empezó a desacomodarse: los minutos se estiraron, el horario de llegada no cerraba. A las seis y media, el encargado del turno preguntó si ya había llegado. No. A las seis cuarenta, la inquietud se volvió alarma. Gustavo salió a buscarlo en bicicleta.
Lo que vino después ya no es reconstrucción directa sino un rompecabezas armado con cámaras de seguridad, testimonios y pericias. Y también con interpretaciones. Gustavo insiste en eso: en que lo que ocurrió no fue una pelea casual ni un exceso aislado. “Acá hay algo más”, repite.
Por el caso están imputados Alan David Mendoza (22) y Franco Ezequiel Guillermo (23), vecinos del barrio Las Chapitas. Ambos admitieron haber golpeado a Bastiano, aunque sostuvieron que las patadas fueron dirigidas al abdomen y a la zona de los glúteos, no a la cabeza. Sin embargo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue un “traumatismo encefalocraneano con hemorragia subaracnoidea”.
De acuerdo con fuentes de la investigación, el deceso no se produjo por un golpe contra el asfalto, sino como consecuencia directa de la golpiza, aunque aún no se estableció cuál de los dos imputados provocó las lesiones letales.
Un video incorporado al expediente —al que este medio accedió en exclusiva— resulta clave para reconstruir el hecho. La cámara, ubicada en la intersección de San Vicente y Basavilbaso, muestra una secuencia breve y contundente: una bicicleta frena de manera abrupta, sus ocupantes se abalanzan sobre la víctima y comienzan a golpearla de forma reiterada, incluso cuando ya estaba en el suelo.
Según la lectura que hace la familia a partir de esas imágenes, Bastiano cae al menos dos veces. Primero intenta sostener o levantar la bicicleta y recibe una patada. Luego, cuando procura reincorporarse, es nuevamente derribado. La agresión continúa hasta que deja de moverse. “Nunca paran”, dice Gustavo.
Esa insistencia en lo que ocurre después de la caída es central en su reclamo. De acuerdo con esa reconstrucción, los agresores no solo continúan con las patadas, sino que revisan el cuerpo: le pisan la cara, le giran la cabeza hacia un lado y hacia el otro y permanecen unos segundos observándolo. Luego se retiran, pero antes de irse definitivamente vuelven y le aplican una nueva patada, dirigida a la zona de la nuca.
Y agrega: “Nosotros tuvimos que ver los videos. No es nuestro trabajo. Pero lo hicimos porque queremos saber qué pasó y la Justicia los debe analizar nuevamente”.
En su relato aparecen detalles que lo obsesionan: un vehículo que se detiene antes de la llegada de la ambulancia, personas que pasan por el lugar sin ser convocadas como testigos, movimientos que —según él— deberían ser analizados con más profundidad. No todos esos elementos están confirmados judicialmente, pero para Gustavo forman parte de una misma escena que, siente, todavía no fue del todo comprendida.
El reclamo se vuelve más concreto cuando habla de las amenazas previas. Cuenta que semanas antes Guillermo había denunciado a dos personas vinculadas a su trabajo, luego de intervenir en un conflicto interno. “Hubo una denuncia. Eso está. Y yo quiero que me expliquen por qué no tiene nada que ver”, dice.
No afirma una conexión directa, pero exige que se investigue. “No quiero suposiciones. Quiero que me digan: lo analizamos y no hay vínculo, por esto, esto y esto. Nada más”.
La dimensión laboral atraviesa la historia de fondo. Guillermo y Gustavo trabajaban como vigiladores privados. Jornadas largas, salarios bajos, condiciones precarias. “Doce horas por día para tener tres o cuatro horas de vida”, resume Gustavo. Habían decidido dejar el trabajo después del Mundial. No llegaron.
Registro de una cámara de seguridad incorporado al expediente.
Según su lectura de las imágenes, Guillermo se cruza con dos jóvenes en bicicleta. Hay un intercambio verbal, algo mínimo. Ellos siguen. Él también. Pero en algún punto se vuelven a encontrar. “Para mí, mi hermano no iba a pelear. Si hubiera querido pelear, se bajaba. Él iba en la bici”, dice Gustavo.
La escena que describe es la de una emboscada breve y brutal. Guillermo cae, intenta incorporarse, queda arrodillado. Los golpes siguen. “Nunca paran”, dice. Después, según su relato, los agresores se detienen, lo observan, lo revisan. Y vuelven a golpear.
Esa insistencia en el “después” es central en su reclamo. No se trata solo del ataque inicial, sino de lo que ocurre cuando la víctima ya está en el suelo. “No es que se asustaron y se fueron. Lo revisan y lo vuelven a patear. Eso es asegurarse de que no se levante más”, afirma.
La causa judicial, sin embargo, avanza por carriles que la familia considera insuficientes. Gustavo cuestiona la calificación del hecho y, sobre todo, el ritmo de la investigación. Dice que revisaron por su cuenta las cámaras, que detectaron personas que aún no fueron identificadas, que faltan incorporar conversaciones de celulares y que sienten que falta una reconstrucción oficial de la Fiscalía 1 de Cañuelas, a cargo de Javier Berlingieri.
Por el caso están imputados Alan David Mendoza (22) y Franco Ezequiel Guillermo (23). El caso sumó en los últimos días otro elemento de tensión: publicaciones en redes sociales atribuidas a los imputados. Este medio ya había difundido este fin de semana una imagen de Franco Ezequiel Guillermo en la que, desde el encierro de una alcaidía, escribía: “Caí preso, le fallé a mi familia y a mucha gente, me fallé yo mismo y me fallaron muchos que juraron lealtad”. El contenido, que se viralizó, abrió interrogantes sobre el uso de dispositivos móviles en contextos de detención. Tras la difusión de ese material se dispuso que sean alojados en una unidad carcelaria.
En paralelo, otra frase atribuida al citado, difundida en una cuenta personal, refuerza el clima que rodea la causa: “Yo no le tengo miedo a nadie, miedo me tengo a mí mismo porque sé que cuando me enojo me conozco y sé que puedo hacer daño sin sentir lástima por nadie”.
Para la familia, estos elementos no son accesorios. “Todo suma para entender quiénes son y qué pasó”, plantea Gustavo, que insiste en que la investigación debe avanzar sobre cada detalle.
El reclamo se vuelve más concreto cuando habla de amenazas previas en el ámbito laboral. Cuenta que semanas antes Guillermo había denunciado a personas vinculadas a su trabajo, luego de intervenir en un conflicto interno. No afirma una conexión directa, pero exige que se investigue: “Quiero que me expliquen por qué no tiene nada que ver. No que lo descarten sin más”.
La dimensión laboral atraviesa la historia de fondo. Jornadas extensas, salarios bajos, desgaste acumulado. “Doce horas por día para tener tres o cuatro horas de vida”, resume Gustavo. Habían decidido dejar el trabajo después del Mundial. No llegaron.
Guillermo tenía 48 años, no tenía hijos y convivía con una pareja. Era la primera vez que se dedicaba a la seguridad privada. Antes había trabajado en distintos oficios, desde cortar pastos hasta en un fábrica de muebles local. Su hermano lo define con una mezcla de orgullo y ternura: “Era buen compañero. Siempre te traía algo”.
Los gestos mínimos vuelven a aparecer. Un regalo, una comida compartida, una charla antes de dormir. Un pantalón que no le gustaba pero que igual usó para no herirlo. La cédula azul del auto compartida con los hermanos. La costumbre de entrenar en casa con pesas y otros elementos. El gusto por el fútbol, por la Champions, por la Selección y por Messi.
La historia familiar suma otra capa: crecieron prácticamente solos, se criaron juntos, sostuvieron un vínculo que ahora, dice Gustavo, se volvió ausencia permanente.
“Yo ya estoy muerto”, dice en un momento, sin metáfora. Y lo explica: no duerme de noche, descarga la bronca golpeando objetos como una heladera vieja, alterna entre la angustia y la ira, además de seguir entrenando como hacía Guillermo. Está medicado, intenta sostener rutinas, pero todo lo remite a su hermano. La casa, los objetos, los recuerdos.
La escena más simple —mirar los dibujos animados de La pantera rosa que veían de chicos— se convierte en una forma de duelo. “Ponen eso y me quedo mirando. Y pienso que lo vi toda la vida con él”, cuenta.
El impacto no es solo individual. Gustavo habla de su otro hermano Fabián, de 54 años, de su hija, del entorno. También menciona el miedo: a represalias, a exponerse. Pero rápidamente lo relativiza. “¿Qué me importa? Si a mí ya me mataron”, dice.
Hay en su discurso una decisión de hacer público el caso, de presionar, de no dejar que se diluya. Piensa en los medios, en la circulación de las imágenes, en la necesidad de instalar el tema. Al mismo tiempo, reconoce los límites: no quiere interferir en la causa ni perjudicar la estrategia legal con su abogada Nicolasa Boccarratto.
Ese equilibrio —entre la exposición y la cautela— es uno de los puntos más delicados. La familia busca visibilidad, pero también garantías. Reclama una investigación exhaustiva, una reconstrucción completa, la calificación homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, acorde a lo que consideran probado.
En Cañuelas, el caso circula entre versiones y reconstrucciones parciales. La causa judicial sigue en curso. Hay imputados, pruebas en análisis y decisiones pendientes. Pero también hay una familia que no se corre.
“Nosotros vamos a estar hasta el final”, dice Gustavo.
Y después, más bajo, casi en un cierre: “Lo único que quiero es que se sepa bien qué le hicieron. Y que paguen por eso”.
