El Ciudadano
Desde hace más de tres décadas, la Fundación IPNA sostiene en Cañuelas un trabajo continuo de inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad. Sin embargo, la institución atraviesa hoy una de las coyunturas más delicadas desde su creación en 1988: la interrupción en la cadena de pagos por parte del Estado nacional y el deterioro de los aranceles comprometen seriamente su funcionamiento.
Según explicaron desde la entidad, la deuda acumulada por prestaciones brindadas a través del programa Incluir Salud y del PAMI se remonta a noviembre de 2025. Esto implica más de cinco meses de atención sin ingresos, en un contexto económico que agrava la fragilidad del sistema. A su vez, los valores arancelarios se encuentran rezagados frente a la inflación, lo que erosiona su capacidad operativa.
El impacto es múltiple: salarios profesionales atrasados, creciente endeudamiento institucional y una amenaza concreta sobre la continuidad de los servicios. “Hemos sostenido el funcionamiento con ajustes internos, gestiones y reclamos formales, pero la situación ya no es sostenible”, señalaron desde IPNA, que acompaña diariamente a más de un centenar de personas junto a sus familias.
La problemática excede a una sola institución y atraviesa a todo el sector de discapacidad. En ese marco, desde IPNA participaron en distintas acciones colectivas, incluidas movilizaciones y presentaciones judiciales, para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero aún sin implementación plena.
El reclamo no solo apunta a regularizar los pagos adeudados, sino también a garantizar condiciones mínimas para sostener prestaciones que resultan esenciales en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. “No se trata de un gasto prescindible, sino de una obligación legal, ética y social”, remarcaron.
En paralelo a este escenario crítico, la institución destacó el acompañamiento de la comunidad, que permitió adquirir más de 9.000 kilos de insumos destinados a la alimentación diaria de los concurrentes. “En un momento tan difícil, este apoyo nos sostiene de verdad”, expresaron, al tiempo que agradecieron especialmente al Banco de Alimentos por optimizar el alcance de las donaciones.
En Alejandro Petión, donde funciona el Centro de Día de la institución, el escenario es de creciente incertidumbre. Allí, de lunes a viernes, se desarrolla un programa integral destinado a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, con actividades orientadas a la autonomía y la integración social, en un predio adaptado que incluye propuestas de huerta, granja y contacto con la naturaleza.
Ante este panorama, desde la fundación hicieron un llamado tanto a las autoridades nacionales como a la comunidad para visibilizar la crisis. “Cuando se recorta en discapacidad no se ordena la economía: se vulneran derechos”, concluyeron.
