A dos años de la detención en Italia de Daniel Oscar Cherutti, el expediente por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar permanece sin avances concretos. El ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), arrestado el 1 de febrero de 2023 en la localidad de Formigine, continúa residiendo en ese país luego de que la Justicia italiana rechazara su extradición.
El caso había cobrado impulso tras la emisión de una alerta roja de Interpol solicitada por la Argentina, donde Cherutti está acusado de haber intervenido como cómplice primario en una estructura represiva que operó en centros clandestinos de detención. De acuerdo con la acusación judicial, se le atribuye participación en al menos 110 privaciones ilegales de la libertad, cerca de una veintena de homicidios agravados y varios casos de sustracción y ocultamiento de menores.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido en 1976, en espacios emblemáticos del terrorismo de Estado como el centro clandestino “Automotores Orletti” —clave en el funcionamiento del Plan Cóndor— y una base operativa ubicada en la calle Bacacay, ambos señalados por sobrevivientes como lugares de cautiverio, tortura y desaparición de personas. En ese entramado, Cherutti, apodado “el Loco”, se desempeñaba como agente de inteligencia, con funciones vinculadas a tareas de seguimiento, interrogatorio y logística dentro del circuito represivo.
Hermano del humorista e imitador Miguel Ángel Cherutti, el ex agente se radicó en Italia en 2001, donde desarrolló actividades en el rubro gastronómico hasta su detención. Su captura se produjo en su domicilio, tras ser identificado por los carabinieri, a partir del pedido de arresto internacional cursado por la Justicia argentina.
El proceso de extradición avanzó inicialmente con la intervención de autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países, pero quedó supeditado a una evaluación médica ordenada por la Fiscalía italiana. El peritaje determinó que Cherutti padece enfermedad de Parkinson en estado avanzado y un deterioro cognitivo severo, con incapacidad para comprender el proceso judicial.
En base a ese informe, el Tribunal de Apelación de Bolonia resolvió, el 26 de marzo de 2024, que no estaban dadas las condiciones para conceder la extradición. El fallo consideró que el traslado podría agravar su cuadro clínico y vulnerar sus condiciones psicofísicas.
Desde entonces, no se registraron avances públicos en el expediente ni nuevas instancias judiciales que reabran la discusión sobre su situación. Tampoco trascendieron alternativas como la posibilidad de un eventual juzgamiento en territorio italiano, lo que mantiene la causa en un estado de virtual estancamiento.
A dos años de su detención, el caso permanece atravesado por las limitaciones que impone el estado de salud del imputado y por la falta de mecanismos que permitan destrabar un proceso que, en la Argentina, forma parte de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
