Leandro Barni
Una pareja que había decidido mudarse a Cañuelas para empezar una nueva vida terminó envuelta en una causa por presunta estafa. Según la denuncia presentada en la UFI 2 descentralizada local, contrataron a dos hombres para construir un quincho con pileta bajo la modalidad “llave en mano”, pagaron la totalidad del trabajo por adelantado —unos 20.000 dólares— y, tras pocos avances, la obra quedó abandonada.
“El contrato lo firmamos en una oficina que tenían en el centro. Nos ofrecieron un descuento si pagábamos todo junto. Parecía serio”, contó Jorge Müller a El Ciudadano. La obra incluía un quincho de grandes dimensiones, con habitaciones y una piscina en un lote del barrio Las Chacritas, con domicilio en Ignacia Inalpan N° 544, entre Carmen Funes y Raquel Camaña, donde la familia proyectaba instalarse definitivamente después de comprar el terreno en el año 2022 en una inmobiliaria local.
Según la denuncia presentada en la UFI de la calle Lara y San Martín, apuntaron contra Richar Fredi Almada Monzón, de nacionalidad paraguaya, y Ariel César Almada Solís. Ambos tenían como último domicilio comercial una oficina en la calle Uruguay al 800, y domicilio real en Manuel Acuña 1300, en la misma ciudad.
El acuerdo se firmó en septiembre de 2023 y el plazo de entrega estaba fijado para febrero de 2024. Pero, según la presentación judicial, en noviembre de ese mismo año comenzaron las demoras, las excusas y la presencia esporádica de los trabajadores. “Después directamente dejaron de ir. No respondían llamadas ni mensajes”, detallaron.
La situación no sólo implicó la pérdida del dinero invertido, sino también un fuerte impacto personal. Durante los trabajos, la familia había improvisado una habitación precaria en el predio para poder avanzar con su proyecto. Finalmente, debieron alquilar un departamento en la zona y, meses más tarde, cerrar el local comercial a media cuadra de la plaza San Martín que habían abierto en la ciudad.
Ante la falta de respuestas, iniciaron acciones civiles con una abogada local. En noviembre de 2024, en una escribanía de Cañuelas, se firmó un acuerdo de pago con uno de los acusados, quien reconoció la deuda y suscribió un pagaré. Sin embargo, sólo abonó un anticipo y una cuota. Luego volvió a desaparecer.
“Intentamos ejecutar el pagaré, pero no se los puede notificar. No tienen domicilio verificable”, explicaron. Frente a ese escenario, la pareja avanzó con una denuncia penal por estafa, que tramita en la fiscalía cañuelense y ya estaría vinculada con al menos otros tres casos similares.
“Arrancamos con toda la ilusión de irnos a vivir a un lugar tranquilo. El proyecto incluía un quincho grande con habitación y una pileta, porque también queríamos desarrollar nuestro negocio familiar”, relató la mujer Alejandra Marina López la mujer del denunciante en un testimonio que difundió públicamente en Facebook. “Trabajaron apenas un par de meses y desaparecieron. Eso nos obligó a alquilar y nos dejó sin nuestro lugar”.
En ese mismo relato, apuntó directamente contra los acusados: “Son nuestros estafadores. Acá están sus caras. La idea es que no sigan dañando a más familias”. También describió el impacto emocional: “El daño fue terrible, no sólo económico. En mi caso, hasta afectó mi salud”.
El emprendimiento familiar —un local de estética y venta de productos— primero funcionó en una esquina céntrica de la ciudad y luego fue trasladado frente a la plaza principal. Sin embargo, la situación terminó por desbordarlos. “No pudimos sostenerlo. Verlos todos los días en el bar que lograron abrir con parte de nuestra plata en Libertad y 25 de Mayo era muy fuerte. Tuvimos que cerrar y volver a Avellaneda con todos los proyectos rotos”, explicaron.
El expediente sostiene que hubo “ardid, engaño y abuso de confianza” para obtener dinero sin intención de cumplir lo pactado. Además, los denunciantes aportaron contratos, recibos, mensajes, fotos de la obra inconclusa y capturas de redes sociales donde —afirman— aparecen otras personas con reclamos similares.
El caso tomó mayor visibilidad en las últimas semanas, cuando un grupo de damnificados comenzó a organizarse y realizaría una convocatoria en la plaza San Martín de nuestra ciudad. También piden que quienes hayan tenido experiencias similares se acerquen a la UFI mencionada para radicar la denuncia.
La historia incluso trascendió el ámbito local y llegó a A24 como un informe televisivo de alcance nacional, donde en octubre del año pasado se expusieron testimonios de distintas víctimas con un patrón similar: pagos anticipados elevados, obras que no se terminan y promesas incumplidas. En ese contexto, el señalado habría reconocido deudas frente a cámaras y firmado compromisos de pago que luego tampoco se concretaron.
“Nos destruyeron el proyecto. Tuvimos que volver a Avellaneda después de apostar todo a esto”, resumió Alejandra Marina López la mujer del denunciante.
