Leandro Barni
El expediente judicial por el ataque a la vivienda de una familia conformada por dos mujeres y una niña, ocurrido en enero de 2025, dio un paso central hacia el juicio oral con la designación del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata. La medida abre la etapa previa al debate, en la que se definirá la integración del cuerpo de jueces, la modalidad del proceso y la admisión de nuevas pruebas, además de testigos.
La investigación reconstruye un contexto previo de hostigamiento sistemático. De acuerdo a lo incorporado en la causa, las víctimas habían denunciado en al menos diez oportunidades a un vecino por episodios reiterados de violencia, amenazas, insultos y persecuciones. Esas conductas, según surge del expediente, incluían agravantes vinculados a la orientación sexual de la pareja, lo que constituye un eje relevante en la calificación del caso.
El hecho más grave se produjo cuando el agresor ingresó al terreno y provocó un incendio que destruyó la vivienda familiar, en la madrugada del 29 de enero de 2025, en el barrio Chacras del Alba, en la intersección de Beltrán y la calle 3.
La calificación provisoria es tentativa de homicidio, en concurso con otros delitos, en función del riesgo generado para las personas que se encontraban en el lugar. El ataque no solo implicó un peligro concreto para la vida de las víctimas, sino también la pérdida total del inmueble y de sus pertenencias.
Conocido el hecho, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), calificó la situación como un acto de odio premeditado. Según la organización, las víctimas se habían mudado al barrio en busca de tranquilidad y una vida en contacto con la naturaleza, pero se encontraron con la hostilidad de Lutz Fogar. La ‘Fede’ también señaló que el hombre ya había manifestado comportamientos violentos hacia otra pareja de mujeres en el barrio, y que las víctimas del incendio habían intentado defenderlas, lo que habría desencadenado la agresión hacia ellas. En tanto en el informe semestral del 2025, Amnistía Internacional Argentina lo incluyó en la publicación ‘La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina’.
El imputado, Orlando Alcides Lutz Fogar, de 62 años, permanece detenido en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica.
Durante la instrucción no se incorporaron pericias concluyentes que acrediten una incapacidad psíquica que lo exima de responsabilidad penal, pese a que ese aspecto aparece mencionado en el entorno del acusado y podría ser objeto de planteos por parte de la defensa.
Con la radicación en el tribunal oral, las partes quedan habilitadas a ampliar el caudal probatorio. La querella y la fiscalía prevén reforzar el expediente con testimonios de vecinos que habrían sido testigos de los conflictos previos, así como con registros fílmicos que ubicarían al imputado en la escena del incendio. También se evaluarán pericias técnicas sobre el origen del fuego y su propagación.
En esta instancia procesal, además, se definirá si el juicio se llevará adelante bajo el sistema tradicional de jueces técnicos o mediante un jurado popular, una opción que puede ser solicitada por el imputado dentro de los plazos legales. La decisión impactará en la dinámica del debate y en la estrategia de las partes.
El caso también tiene derivaciones en el fuero civil. Las víctimas, que no pudieron regresar a su vivienda tras el incendio, afrontan un escenario de reconstrucción económica complejo. La eventual acción por daños y perjuicios se sumaría al proceso penal, en busca de una reparación por la pérdida total del hogar y los efectos materiales del ataque.
La designación del tribunal marca, así, el inicio de la etapa final del proceso, en un expediente que combina violencia interpersonal, antecedentes de conflictividad vecinal y elementos que podrían encuadrarse en violencia por prejuicio. La expectativa ahora está puesta en la fijación de la fecha de juicio y en la definición de los términos en que se desarrollará el debate oral.
