El Ciudadano
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió este jueves 19 elevar a juicio oral a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y a otras 26 personas, acusadas de protagonizar un bloqueo con presuntos hechos delictivos contra la empresa Lácteos Mayol, de la localidad de Gobernador Udaondo.
La decisión revierte parcialmente lo resuelto en primera instancia por el Juzgado de Garantías N° 8 de La Plata, con asiento en Cañuelas, que había dictado el sobreseimiento de la mayoría de los imputados. El tribunal de alzada, integrado por los jueces Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides, analizó tanto la apelación de la querella como los planteos de nulidad de las defensas, y por mayoría consideró que existen elementos suficientes para que el expediente avance a la etapa de debate oral.
Entre los acusados se encuentra Guillermo Arregui, titular de la seccional Cañuelas de ATILRA, junto a otros 26 involucrados en los hechos ocurridos entre el 1° y el 6 de marzo de 2021. Según la imputación, durante esos días un grupo de manifestantes se instaló en el ingreso de la planta ubicada en Udaondo, impidiendo el acceso de propietarios, empleados y proveedores, en el marco de un reclamo gremial.
La resolución judicial encuadra las conductas investigadas en los delitos de robo agravado —por haber sido cometido en lugar poblado y en banda—, daño y amenazas coactivas. El tribunal tomó como base el requerimiento fiscal y ponderó la existencia de prueba que, en esta etapa, configura una “probabilidad positiva” de los hechos denunciados.
De acuerdo con la investigación penal preparatoria, iniciada tras la denuncia del presidente de la firma, Dardo Juan Mayol, los manifestantes no solo bloquearon el ingreso sino que habrían ejercido un control sostenido sobre las instalaciones. En ese contexto, se reportaron agresiones verbales, intimidaciones y daños materiales, como el corte de candados, cables eléctricos y cámaras de seguridad.
También se consignó la sustracción de mercadería —al menos 40 potes de dulce de leche y distintos quesos— y la apropiación de llaves de vehículos pertenecientes a la empresa. Estos elementos, junto con testimonios de empleados, vecinos y actas incorporadas al expediente, fueron considerados por la Cámara como indicios de una actuación coordinada.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la noción de “coautoría funcional”, es decir, la participación conjunta en un accionar que, aun sin permitir individualizar conductas específicas, habría contribuido al resultado delictivo. Para los jueces que votaron en mayoría, la permanencia continua de los acusados en el lugar, la inutilización deliberada de los sistemas de seguridad y la extensión temporal del bloqueo refuerzan esa hipótesis.
La defensa de los imputados había solicitado el cierre definitivo de la causa, al considerar que la acusación carecía de precisión y vulneraba garantías constitucionales, en tanto interpretaba los hechos como parte de una protesta gremial. Sin embargo, estos planteos fueron rechazados. El tribunal entendió que la descripción de los hechos resulta suficiente en esta instancia y que será en el juicio oral donde se deberá determinar la responsabilidad individual de cada acusado.
Por su parte, la querella cuestionó el sobreseimiento parcial dictado en primera instancia, al sostener que la documentación y los testimonios reunidos acreditan el dominio de la planta por parte de los manifestantes durante los días del conflicto. Ese argumento fue receptado por la Cámara, que consideró contradictorio excluir a parte de los imputados en un contexto de actuación colectiva.
El origen del conflicto se remonta a un reclamo sindical para que 13 trabajadores de la empresa fueran recategorizados e incorporados como afiliados al gremio. Desde la firma señalaron en ese momento que el convenio colectivo invocado no resultaba aplicable a una pyme familiar, lo que derivó en una escalada del conflicto.
El bloqueo tuvo consecuencias económicas significativas. Según consta en la causa, durante los seis días de paralización se perdieron unos 45.000 litros de leche, lo que impactó en la producción y en la estructura laboral de la empresa. Antes del conflicto, la planta procesaba entre 15.000 y 20.000 litros diarios; posteriormente, esa cifra se redujo a niveles de entre 4.000 y 5.000 litros.
El caso también generó repercusión pública en su momento, con manifestaciones de vecinos de Gobernador Udaondo que se movilizaron en defensa de la continuidad de la empresa, considerada una fuente de empleo relevante en la zona.
Con la elevación a juicio, el expediente ingresará ahora en una etapa clave, en la que un tribunal oral deberá evaluar las pruebas, determinar la eventual existencia de un plan común entre los acusados y establecer las responsabilidades penales correspondientes en uno de los conflictos gremiales más resonantes de los últimos años en el ámbito de las pymes industriales.
