“Once años después, alguien me escuchó”, dice una víctima de abuso sexual en el barrio Los Aromos

La entrevista ocurre en una pausa. Entre una audiencia y la calle. Ella habla con calma, pero no con distancia, en la redacción de El Ciudadano: cada respuesta arrastra años de silencio administrativo, miedo y trámites inconclusos. A. V. (sus iniciales) tiene 35 años. Fue violada a los 23, cuando vivía en esta ciudad, precisamente en el barrio Los Aromos, con su hija pequeña. Hoy volvió sola. “No puedo creer que después de once años alguien me esté escuchando”, dice.

"Me tomaron toda la testimonial. Todo", agrega.

“La causa está desarchivada”, repite, como si todavía necesitara convencerse.

Lo que cuenta es el retroceso. La vuelta obligada a su ciudad natal en Villa Carlos Paz. La sospecha constante sobre el hombre con el que convivía en Cañuelas. Y el regreso inadvertido de su abusador a Córdoba, como si la historia que ella intentaba dejar atrás la persiguiera con nombre propio.

—Mi hija tenía 7 años. Hoy, 18, y se acuerda de muchas cosas.

La pequeña fue entrevistada en la Secretaría de Niñez después de que la ex pareja la denunciara falsamente por supuestos malos tratos. Esa acusación fue el puntapié de algo todavía más violento: la internación en un neuropsiquiátrico ordenada por el juzgado, sin investigación previa, sin escucharla. “Ahí descubrieron que tengo depresión postraumática por lo que me pasó en Cañuelas”, relata.

—¿Ese fue el inicio de todo lo que vino después?
—Sí. Después fue un peregrinar. Todos los años volvía a la fiscalía y siempre me decían lo mismo: “La causa está archivada”.

Volvió en 2016, en 2018 y en 2019. Cada vez con menos respuestas y más piezas faltantes: testigos nunca citados, su propia testimonial jamás tomada, pertenencias retenidas desde 2014. “Mis cosas quedaron secuestradas como la causa”, dice.

En 2019 descubrió algo que todavía hoy no puede decir sin detenerse: un jefe de policía había retirado el ADN y el expediente no lo tenía. “Era una caja vacía”, resume.

Pandemia mediante, regresó en 2023, en 2024 y otra vez este año. Nada cambiaba. Hasta inicios de este mes.

—Me puse firme. Les dije: "si hace falta, llamo a los medios acá mismo".

Entonces -recién entonces- apareció el expediente con los resultados de ADN. “Por arte de magia estaban. Coincidían. Eran positivos”, dice. 

Pero los huecos seguían: declaraciones de vecinas que no existían, documentos con firmas que no eran suyas, un abogado patrocinante que nunca conoció. Fechas imposibles: firmas de 2017, cuando estaba internada, judicializada, sin poder moverse sola. “Superpusieron las firmas. No coincidían. Era evidente”.

En el Centro de Asistencia a la Víctima de La Plata, el expediente está mutilado: figura menos de la mitad. Ni siquiera está la denuncia original. Y, sin embargo, aparece una carátula que sostiene que el agresor fue imputado. “Eso no consta en ningún lado”, aclara.

-¿Qué te hizo más ruido de todo el recorrido judicial?
-Que me mandaron siempre a lugares donde no podían intervenir. Nunca me dijeron que existía la oficina de Asistencia a la Víctima dentro del juzgado, que sí tiene facultades. ¿Por qué no me mandaron ahí desde el primer día?

Lo que ella llama “la raíz de todo” ocurrió el 25 de noviembre de 2014, en un departamento de la calle Chile al 300, en el barrio Los Aromos. Drogada por la medicación del hospital, A.V. fue obligada a declarar sin acompañamiento. “Una testigo se enojó porque la fiscal no la dejó entrar conmigo. Yo no me acuerdo nada. Me hicieron declarar así”.

-¿Identificaste a la persona que te violó?
-Sí. Era el dueño del departamento que nos alquilaba.

Su nombre de pila, Jorge, figura desde el inicio en la denuncia original. Nunca fue detenido.

Ese día, cuenta, su entonces pareja tuvo una actitud extraña: iba y venía, revisaba los ambientes, estaba nervioso. Dijo que se iría a las 17.15. Ella le pidió que dejara la llave y cerrara con la suya. Cuando salió del baño, la llave estaba puesta del lado de adentro.

-Ahí supe que algo no cerraba.

Escuchó golpes. Pensó que era él. La puerta se abrió sin forcejeo. “Usó un destornillador plano”, dice. El ataque fue brutal. Ella intentó huir, él la arrastró al dormitorio. Después, el shock. El remis la esperaba abajo. “Salí como pude. Ni cerré la puerta”.

Denunció de inmediato. La madre de su entonces pareja irrumpió en la comisaría gritando. La Policía la consideró sospechosa y la expulsó. Al agresor nunca se le tomaron muestras. “A mí me sacaron de todo. A él, nada”, dice. Aun así, la pericia genética dio positiva.

También denuncia que un funcionario del área de personas desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense, que intentaba ayudarla a esclarecer el caso, fue amenazado de muerte y desplazado. Las declaraciones nunca se tomaron.

-¿Qué te sostuvo todo este tiempo?
-Mi hija. Y la terapia. Fueron diez años. Al principio hablaba en tercera persona. Me llevó dos años entender que me había pasado a mí.

Después del ataque siguió con su pareja hasta 2017, ya en Villa Carlos Paz. “Era violento. Terminó golpeándome contra una casilla de gas. Me ayudaron los vecinos. Intervino la Policía. Fue un infierno”, dice.

Durante once años pidió que reabrieran la causa. Siempre la misma respuesta. La nota publicada el 12 de marzo de 2016 en El Ciudadano citaba a la fiscalía: “Si la víctima lo solicita, la causa se reabre”. Ella lo solicitó. Una y otra vez.

Ahora, en enero de 2026, volvió a hacerlo por escrito. Tiene copia. Y algo más.

"Me cagaron la vida", dice.

No es una exageración. Es un balance. No quiere olvidar. Quiere que conste. Quiere que su testimonio no vuelva a perderse en un expediente que otros rompieron.

-¿Esta fue la primera vez que pudiste declarar de manera completa?
-Sí. Que me pudieron tomar la declaración. Que me escucharon todo. Yo necesitaba hablar. Conté básicamente lo mismo que había escrito en la denuncia original. Y lo pusieron tal cual. Eso fue fuerte.

-¿Qué cambió ahora?
-Lo importante es que la causa está desarchivada. Durante años estuvo frenada. Ahora dicen que van a evaluar testigos, pedir documentación. Me solicitaron papeles del hospital de Córdoba, de mi tratamiento psicológico. Yo empecé terapia en 2017 y tuve el alta en 2024. Fueron muchos años.

-¿Por qué fue tan largo ese proceso personal?
-Porque al principio yo hablaba como si le hubiera pasado a otra persona. En tercera persona. Me llevó casi dos años entender que me había pasado a mí. Recién ahí pude empezar a elaborar. En total, fueron casi diez años de tratamiento, con recaídas, con bajones.

-Volver a Cañuelas, ¿qué te genera?
-Es raro. Hay recuerdos feos, pero no todo es oscuro. Viví acá con mi hija. La llevaba a la escuela. Paso por esas escuelas y están igual. La ciudad de Cañuelas no tiene la culpa. Es tranquila, es linda. El problema son algunas personas.

-El abuso ocurrió en un contexto de otras violencias.
-Sí. Yo estaba en pareja y había hechos de violencia. Además, el lugar donde vivíamos lo había conseguido él por conocidos. Había cosas raras: yo me iba a Córdoba por mi hija y cuando volvía, el departamento estaba revuelto, con botellas, con ropa tirada. Discusiones. Situaciones que no entendía en ese momento.

-¿Tuviste miedo?
—Mucho. Llegué a tener custodia policial en una casa de la calle Acuña. Él salía y tiraba tiros al aire. Yo lo vivía como amenazas. Pensaba: no sé quién es, de dónde viene, en qué anda. Hay cosas que nunca se investigaron.

-¿Por qué decidiste insistir ahora?
-Porque no puede ser que no se escuche. A mí no me escucharon hace once años. Me escucharon hoy. Y yo pienso en las otras chicas. En las que no pueden hablar, en las que tienen miedo. Yo al menos estoy viva y puedo contar mi historia.

-¿Qué esperás de la causa?
-No soy ingenua. No creo que haya detenidos. Pero que se investigue. Que quede constancia. Que no sea como si no hubiera pasado nada.

La audiencia terminó. Ella guarda los papeles en una carpeta gastada. Falta mucho, dice. Pero algo se movió. “Después de once años”, repite, como si todavía necesitara convencerse.