Leandro Barni
En la última sesión del año, la Legislatura bonaerense sancionó dos leyes que, aunque diferentes en su alcance, se entrelazan en un mismo territorio: Cañuelas. Publicadas en el Boletín Oficial el 30 de diciembre, las normas avanzan, por un lado, sobre la expropiación de un predio histórico conocido como El Castillo y, por otro, otorgan jerarquía provincial a una de las celebraciones populares más convocantes del distrito, la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal de Uribelarrea, cuya próxima edición aún no tiene fecha confirmada.
La Ley 15.603 declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una serie de inmuebles ubicados en el Partido de Cañuelas, inscriptos a nombre de Nilda Aquino Arzamendia, con el objetivo de transferirlos al dominio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El destino fijado es la creación de un Polo Judicial, de Seguridad y Tránsito Municipal, una iniciativa orientada a concentrar dependencias estatales y reorganizar servicios en un punto estratégico del distrito.
La norma autoriza la toma urgente de posesión de los bienes, exime del pago de impuestos a la escritura traslativa de dominio y establece que el costo total de la operación será afrontado por el Poder Judicial, mediante un convenio a suscribir con el municipio.
Más allá de la letra legal, la expropiación vuelve a colocar en el centro de la escena a El Castillo, un edificio cargado de simbolismo local, atravesado por disputas, proyectos inconclusos y expectativas cruzadas sobre su futuro uso público. La ley fija un rumbo institucional, aunque deja abiertos interrogantes sobre los plazos de ejecución, las obras necesarias y la dinámica de articulación entre la Justicia provincial y el gobierno local.
Algunos elementos
En el caso de El Castillo, la Ley 15.603 avanza sobre un inmueble emblemático de la ciudad, que supo ser sede de la industria alimenticia Finaco, fundada a comienzos del siglo XX por el empresario francés Gustave Artaux. Con el paso del tiempo, el inmueble, de alto valor patrimonial y memoria productiva, quedó en el centro de distintas iniciativas que nunca lograron consolidarse, hasta que la Legislatura avanzó finalmente con su expropiación “a título oneroso”, lo que implica el pago de una compensación a los titulares del dominio.
El texto legal establece que, una vez concretada la transferencia, el predio quedará bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que deberá afrontar la totalidad de los gastos y firmar un convenio de uso con la Municipalidad de Cañuelas. Allí se proyecta concentrar el Juzgado de Garantías N° 8, las Fiscalías Descentralizadas N° 1 y 2, además de áreas vinculadas a seguridad y tránsito.
El proyecto había sido aprobado por la Legislatura en noviembre y fue impulsado originalmente en 2022 por la diputada cañuelense del Frente Renovador, Ayelén Itatí Rasquetti, con el objetivo de centralizar servicios judiciales y garantizar un uso público permanente a un edificio histórico que permanecía subutilizado.
Fiesta uribeña
En paralelo, y también con fecha de publicación del 30 de diciembre, la Legislatura sancionó la Ley 15.604, que declara Fiesta Provincial a la “Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal”, realizada históricamente en la localidad de Uribelarrea. La norma faculta al Poder Ejecutivo a incorporarla al Calendario Turístico Provincial y a promover su difusión, en reconocimiento a su impacto cultural y económico.
No obstante, el respaldo legal convive con una incógnita concreta: aún no está definido cuándo volverá a realizarse el evento, suspendido en sus últimas ediciones por distintas razones organizativas y de contexto. Entre ellas, la muerte de un trabajador municipal ocurrida en marzo de 2025 durante las tareas de armado de una nueva edición.
Así, entre expropiaciones, polos judiciales y fiestas populares sin fecha, las leyes dibujan un mapa de decisiones que ordenan el papel, pero dejan abiertas las preguntas sobre su traducción concreta en la vida cotidiana del distrito.
