Entre la expropiación de El Castillo y una fiesta sin fecha: dos leyes provinciales que ordenan el mapa y dejan preguntas abiertas

En la última sesión del año, la Legislatura bonaerense dejó sancionadas dos leyes que, aunque distintas en su alcance, dialogan entre sí a través de un mismo territorio: Cañuelas. Publicadas en el Boletín Oficial el 30 de diciembre, las normas avanzan sobre la expropiación de un predio histórico conocido como El Castillo y, en paralelo, otorgan jerarquía provincial a una de las celebraciones populares más convocantes del distrito, la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal de Uribelarrea, cuya reedición todavía no tiene fecha cierta.

La Ley 15.603 declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una serie de inmuebles ubicados en el Partido de Cañuelas, inscriptos a nombre de Nilda Aquino Arzamendia, con el objetivo de transferirlos al dominio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El destino fijado por la norma es la creación de un Polo Judicial, de Seguridad y Tránsito Municipal, una iniciativa que busca concentrar dependencias estatales y reorganizar servicios en un punto estratégico del partido. El texto autoriza además la toma urgente de posesión de los bienes, exime de impuestos la escritura traslativa y establece que el costo de la operación será afrontado por el propio Poder Judicial, en convenio con el municipio.

Más allá de la letra legal, la expropiación vuelve a poner en escena a El Castillo, un edificio cargado de simbolismo local, atravesado por disputas, proyectos inconclusos y expectativas cruzadas sobre su futuro uso público. La ley fija un rumbo institucional, pero abre interrogantes sobre los tiempos, las obras y la relación entre la Justicia provincial y el gobierno local.

Algunos elementos

En el caso de El Castillo, la Ley 15.603 avanza sobre un inmueble emblemático de la ciudad, que supo ser sede de la industria alimenticia Finaco, fundada a principios del siglo XX por el empresario francés Gustave Artaux. El edificio, cargado de valor patrimonial y memoria productiva, quedó en el centro de distintos proyectos a lo largo de los años, hasta que la Legislatura resolvió su expropiación “a título oneroso”, lo que implica el pago de una compensación a los titulares de dominio.

El texto legal establece que, una vez concretada la transferencia, el predio pasará al dominio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deberá afrontar la totalidad de los gastos y firmar un convenio de uso con la Municipalidad de Cañuelas. Allí se proyecta la creación de un polo que concentre el Juzgado de Garantías Nº 8, las Fiscalías Descentralizadas Nº 1 y 2, además de dependencias vinculadas a seguridad y tránsito.

El proyecto, aprobado por la Legislatura en noviembre y finalmente publicado el 30 de diciembre en el Boletín Oficial, había sido impulsado originalmente en 2022 por la diputada de nuestra ciudad (del Frente Renovador) Ayelén Itatí Rasquetti, con el objetivo de centralizar servicios judiciales y darle un uso público permanente a un edificio histórico que permanecía subutilizado.

Fiesta uribeña

En la misma fecha, la Legislatura sancionó la Ley 15.604, que declara Fiesta Provincial a la denominada “Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal”, realizada históricamente en Uribelarrea. La norma faculta al Poder Ejecutivo a incorporarla al Calendario Turístico Provincial y a promover su difusión, reconociendo su impacto cultural y económico. Sin embargo, el reconocimiento legal convive con una incógnita: aún no está definido cuándo volverá a realizarse el evento, suspendido en sus últimas ediciones por distintas razones organizativas y de contexto, como fue la muerte de un trabajador municipal, en marzo del 2025, durante las tareas de armado de una nueva edición.

Así, entre expropiaciones, polos judiciales y fiestas populares sin fecha, las leyes dibujan un mapa de decisiones que ordenan el papel, pero dejan abiertas las preguntas sobre su traducción concreta en la vida cotidiana del distrito.