Leandro Barni
En una resolución histórica que sacudió los cimientos del Poder Judicial bonaerense, la jueza Julieta Makintach fue destituida e inhabilitada de manera permanente por su participación en el documental 'Justicia Divina', filmado mientras integraba el tribunal que debía juzgar presuntas responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona.
El fallo, dictado por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento este martes, cerró dos semanas de audiencias en las que se exhibieron mensajes, grabaciones y testimonios que dejaron en evidencia el rol activo de la magistrada en la producción audiovisual, episodio que derivó en la nulidad absoluta del juicio oral.
Sin fueros y con pérdida inmediata de su salario —aunque conservará los aportes previsionales ya realizados—, Makintach enfrentará ahora el proceso penal iniciado por presunto incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La resolución, que también incluyó el pedido de comunicación a la administración pública para cesar los pagos pendientes, fue escuchada en el recinto por representantes de todas las partes, entre ellos Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando, acompañados por el abogado Mario Baudry, uno de los denunciantes.
El abogado Rodolfo Baqué, representante de la enfermera Dahiana Madrid y pieza central en la acusación, celebró la decisión aunque la definió como “un día triste a título personal y profesional”. Advirtió que ya solicitaron el juicio político para los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, al sostener que ambos conocían y consintieron las maniobras vinculadas al documental. “Creemos que deben ser destituidos. Había un conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo”, remarcó.
Baqué también se diferenció de posturas más punitivistas sobre el futuro inmediato de la ex jueza. “Estoy en contra de la detención. El imputado tiene que estar en libertad durante el proceso. No la veo tras las rejas hoy; falta el debate y hay que ser cautos”, afirmó.
El caso marca un antes y un después en la Justicia argentina: redefine los límites de la exposición pública de los magistrados, consolida la idea de que la apariencia de imparcialidad es tan relevante como la imparcialidad misma y abre un debate profundo sobre la relación entre justicia, medios y espectáculo. Mientras tanto, el juicio por la muerte del "10" deberá comenzar desde cero en un nuevo tribunal de San Isidro, con la expectativa social puesta en que, esta vez, el proceso avance sin interferencias.
