Polémica por un proyecto que busca declarar de interés público el cuidado del suelo

El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) presentó en la Legislatura provincial un anteproyecto de ley que busca declarar de “Interés Público” el cuidado de los suelos y el agua. La iniciativa, ya expuesta en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense, apunta a establecer un marco normativo para promover el manejo responsable y sustentable de los recursos naturales.

Desde la entidad explicaron que la propuesta surge ante un problema estructural: “La utilización del suelo para la producción agropecuaria y/o forestal altera el estado estable alcanzado por los suelos como resultado del proceso evolutivo y, si no es realizada cuidadosamente, puede llevar a la pérdida de su capacidad productiva y de su función en el ecosistema”. Según el Ciafba, más del 40% de los suelos bonaerenses presentan algún grado de erosión hídrica o eólica, lo que genera pérdida de productividad, sedimentación en cursos de agua y menor biodiversidad.

Horacio Repetto, expresidente del Ciafba y actual responsable de la Comisión de Conservación de Suelos, explicó que el objetivo es dotar a la provincia de una herramienta legal para revertir la degradación. 

“Buenos Aires no cuenta con una normativa de suelos, mientras las toneladas que se pierden año a año siguen aumentando. Este proyecto es un punto de partida, seguramente sufrirá modificaciones, pero es necesario para garantizar que las tierras bonaerenses sigan alimentando a las generaciones futuras”, sostuvo.

Sin embargo, la iniciativa despertó una fuerte polémica en el ámbito agropecuario. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestaron su rechazo al considerar que “avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”.

Uno de los artículos más cuestionados es el que declara de “Interés Público” la protección de los suelos y el agua agropecuaria y forestal “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”. También se establece que todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria o forestal deberán colaborar con el cuidado de los suelos y el agua para garantizar un uso adecuado y sustentable.
Carbap advirtió que la iniciativa introduce “una obligatoriedad generalizada” para que los productores, propietarios o arrendatarios cumplan prácticas definidas por el Estado. 

En particular, cuestionó el Artículo 7, que obliga a los productores a acogerse a lo indicado por la Autoridad de Aplicación respecto a la definición de los “Distritos de Cuidado del Suelo y Agua”.

En relación con los planes de manejo, el proyecto dispone que “deberán estar suscriptos por un profesional matriculado, contemplar un plazo mínimo de cuatro campañas agrícolas y ajustarse al catálogo oficial de prácticas”. Para Carbap, la exigencia de planes de uso y manejo obligatorios representa “una nueva carga operativa y económica”, al requerir firma profesional y aprobación estatal cada cuatro años.

Polémica
El esquema de gestión también generó controversia. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Agrario, con facultades para crear distritos, aprobar o rechazar planes y administrar un fondo provincial. Para Carbap, esto implica “la creación de distritos y consorcios forzosos” y otorga al Estado “facultades amplias para controlar y sancionar, lo que puede derivar en intervenciones discrecionales”.

El proyecto incluye un sistema de beneficios e infracciones: quienes cumplan podrán acceder a deducciones impositivas, mientras que los infractores podrían recibir multas, ser excluidos de programas o quedar bajo intervención administrativa. El fondo provincial se financiaría con el 0,08% del presupuesto bonaerense, el producido de las multas y donaciones, algo que Carbap considera una “nueva carga fiscal indirecta”.

Entre los puntos más sensibles también figura la prohibición de utilizar suelos no aptos para la producción y la potestad estatal de definir cuáles lo son. Carbap alertó que estos criterios “podrían dejar improductivas tierras hoy productivas”.

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) también analiza la iniciativa. Su presidente, Abel Real, anticipó que desde su punto de vista representa “un atentado a la propiedad privada”. En tanto, Juan José Madero, expresidente de CAIR, cuestionó “la motivación real” del proyecto, al señalar que “los productores ya cuidan la tierra porque es su capital”.

“Existen múltiples entidades como CREA, Aapresid o las sociedades rurales que promueven buenas prácticas y conservación del suelo. No hace falta burocratizar ni trabar más un sistema ya complejo”, agregó Madero, quien advirtió sobre “una injerencia excesiva sobre la propiedad privada y la libertad de producción”.

En la misma línea, en diálogo con El Ciudadano, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) sostuvo que, bajo este marco, el productor “pierde autonomía: no decide libremente cómo usar su tierra, sino que debe someterse a planes de manejo supervisados por burócratas y profesionales matriculados”.

Para cerrar, Repetto insistió en que el espíritu del proyecto es “preservar el recurso más valioso de la provincia”.

“Esto no busca castigar al productor, sino garantizar que el suelo siga siendo productivo. Se trata de un cambio de paradigma, similar al que otros países ya adoptaron”, concluyó.