Leandro Barni
En el kilómetro 57 de la Ruta 3, un emprendimiento que prometía una vida apacible rodeada de verde se transformó en un laberinto judicial para unas veinte familias que hoy denuncian haber sido estafadas. Se trata del barrio cerrado “Praderas 57”, un proyecto de 36 hectáreas que —según los damnificados— fue comercializado sin la autorización de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUyT), requisito indispensable para vender lotes bajo el régimen de propiedad horizontal.
“El desarrollador del barrio no tiene autorización de la Provincia para comercializar”, afirmó una denunciante a El Ciudadano. Los vecinos aseguran que recientemente llegó al Municipio un expediente donde la DPOUyT detalla que el emprendimiento no cuenta con aval provincial para obras ni ventas. Sólo obtuvo la aprobación municipal de localización, lo que indica que el campo es apto para urbanizarse, pero no para comercializar unidades.
La denuncia penal —la misma que ya tramita en el fuero penal local— está radicada en la UFI Nº2 de Cañuelas, que ordenó una inspección policial a fines de agosto. Allí se hallaron autos abandonados y un basural dentro del predio. Tras esa intervención, relatan los vecinos, el desarrollador retiró todo “de un día para el otro”. Se investigan averiguación de ilícito, defraudación y extorsión.
La firma Manuel Ceferino Bayón Rodríguez S.A. asegura haber presentado la documentación faltante a través del agrimensor Adrián D’Aurizio. Sin embargo, para la Provincia todavía no se cumple con la Resolución 360, requisito sin el cual no es posible emitir la factibilidad final ni inscribir el proyecto en el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas. Sin esos pasos, los compradores no pueden escriturar.
A la causa penal se suma una demanda en el fuero civil de Nación, donde los damnificados acusan al desarrollador de Incumplimiento Contractual. Allí detallan que no se cumplió con parte del plan de obras: el Club House, que según informó el desarrollador será habilitado el domingo 7, continúa ocupado por máquinas y herramientas; el asfalto prometido no existe; y las expensas se incrementan sin criterios transparentes. Los vecinos también aseguran haber sido “intimidados” cuando reclamaron información.
En redes sociales, distintos vendedores —uno identificado como Ignacio Marzano, ya reemplazado por otro número de contacto— ofrecieron los lotes pese a que el emprendimiento no tiene autorización provincial para comercializar.
Mientras la Justicia avanza y los reclamos se multiplican, unas veinte familias siguen atrapadas en un limbo legal: pagan un lote que, para la normativa provincial, “sigue siendo un campo”, sin asamblea de propietarios, sin obras terminadas y sin fecha de escrituración.
