El Ciudadano
El parlamentario del Mercosur y vicepresidente por Argentina, Gustavo Arrieta, presentó un proyecto de declaración que será tratado en la próxima sesión del Parlasur, en el que expresa un firme repudio a la decisión del Gobierno argentino de retirar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2026-2029.
La iniciativa advierte que la medida contradice la histórica tradición diplomática del país en materia de defensa de los derechos humanos y debilita el compromiso argentino con el multilateralismo y la cooperación internacional.
Asimismo, le reclama al Poder Ejecutivo que informe públicamente los motivos de esta determinación, en ausencia de un comunicado oficial que la justifique.
El proyecto recuerda que la Argentina fue país fundador del Consejo en 2006 y que su participación ha sido clave en la promoción de resoluciones sobre diversidad, justicia climática y apoyo a misiones de verificación e investigación.
En ese marco, señala que la ausencia nacional representaría una pérdida significativa para la región del Mercosur en términos de liderazgo y representación en foros internacionales.
El documento también critica el alineamiento del actual Gobierno con Estados Unidos e Israel, países que recientemente se retiraron del organismo y cuestionaron al sistema de Naciones Unidas en su conjunto.
Para Arrieta, esta decisión implica un giro radical respecto de la política exterior argentina en derechos humanos sostenida desde el regreso de la democracia.
En su articulado, el proyecto insta al Gobierno a reconsiderar la medida, reafirma el compromiso del Parlasur con el fortalecimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos y dispone comunicar la declaración a la ONU, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los parlamentos de los Estados parte del Mercosur.
Aunque el Gobierno no había anunciado su decisión mediante vías oficiales, la información se conoció primero por un informe de Amnistía Internacional. “Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país”, denunció la ONG.
