El Ciudadano
El Gobierno nacional anunció este lunes el inicio de la segunda etapa de la privatización de rutas y autopistas, dentro del programa denominado Red Federal de Concesiones, que prevé transferir la gestión de unos 9.000 kilómetros de la red vial nacional al sector privado. En esta instancia, serán 1.872 kilómetros los que pasarán a licitación pública nacional e internacional, distribuidos en dos grandes tramos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la apertura de los pliegos y aseguró que el objetivo es “reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”. “Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando la inversión privada y cuidando los recursos de los argentinos”, sostuvo el funcionario.
El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur incluye 1.325 kilómetros que abarcan las rutas nacionales 3, 205, 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas, ejes estratégicos para la conexión entre el área metropolitana y el sur bonaerense. La licitación, que según fuentes del sector “estaría lista en tres meses”, busca captar inversiones para mejorar el estado de la calzada y reactivar los peajes bajo un nuevo esquema de explotación.
Entre las obras más esperadas figura la Ruta Nacional 3, especialmente el tramo entre Monte y Azul, considerado uno de los más peligrosos por su deterioro y su alto flujo vehicular. En los últimos días, Vialidad Nacional inició tareas de bacheo entre Cacharí y Azul, cumpliendo compromisos asumidos con los intendentes de Azul, Nelson Sombra, y de Las Flores, Alberto Gelené, junto con representantes de Estrellas Amarillas, organización que impulsa la conversión de la traza en autovía.
El segundo paquete de licitaciones corresponde al Tramo Pampa, de 547 kilómetros, que recorre la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ambos corredores serán entregados bajo concesión integral: mantenimiento, cobro de peajes y obras de mejora quedarán a cargo de los adjudicatarios.
El anuncio llega después de las dificultades que atravesó la Etapa 1 del mismo programa, licitada en octubre, cuando el Estado tuvo que recurrir al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para financiar $56.000 millones en obras iniciales ante la falta de oferentes dispuestos a asumir el costo de reacondicionamiento previo. Ese primer tramo, de 741 kilómetros, incluyó las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y el Puente Rosario–Victoria, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
El Gobierno apuesta ahora a que las nuevas condiciones de los pliegos y la promesa de mayor estabilidad macroeconómica despierten el interés del capital privado. Sin embargo, persisten dudas entre los intendentes y usuarios por el impacto que podrían tener los futuros cuadros tarifarios y la continuidad de las obras de seguridad vial.
La Red Federal de Concesiones abarca apenas el 20% de la red vial nacional, pero concentra el 80% del tránsito del país. Con esta nueva etapa, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar hacia un esquema de gestión privada total de los corredores más transitados, bajo el argumento de reducir el gasto público y mejorar la infraestructura sin aportes del Tesoro.
