Leandro Barni
El caso por el crimen de la docente y funcionaria Mirta Barcia, ocurrido en septiembre de 2020 en Cañuelas, avanza con definiciones clave. Alan Gabriel Arrieta, de 23 años, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por encubrimiento agravado. Leonardo Ezequiel Quinteros, de 32, aceptó una pena de 15 años de cárcel en un juicio abreviado. En tanto, Juan Pedro Corvalán, de 35, acusado de ser el autor del disparo fatal, será juzgado por jurados. La figura penal que enfrenta es la de homicidio criminis causa, que prevé prisión perpetua.
Fuentes judiciales confirmaron a El Ciudadano que Arrieta Mosbach fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, tras admitir su responsabilidad en el delito de encubrimiento agravado. Arrieta había intentado vender el teléfono celular robado a Barcia, el cual fue hallado en su poder con la tarjeta SIM original.
El hecho se remonta a la noche del 8 de septiembre de 2020, cuando Barcia, de 64 años, fue abordada al salir de la casa de su hermana en la calle Vicente Casares, en inmediaciones al Molino Cañuelas. La mujer, que se desempeñaba como secretaria privada de la intendenta Marisa Fassi y era una reconocida docente de folclore, fue interceptada por dos hombres que intentaron robarle el celular. Durante el asalto, recibió al menos un disparo que terminó con su vida.
Por ese homicidio, Juan Pedro Corvalán, sindicado como el autor del disparo fatal, será juzgado por un jurado popular, a pedido de su defensa. El juez interviniente hizo lugar a esa solicitud, y se espera que en los próximos meses se establezca la fecha del debate oral. Corvalán deberá enfrentar a doce ciudadanos que decidirán su culpabilidad o inocencia en uno de los delitos más graves del Código Penal: homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego y la participación de dos personas, figura que prevé la pena de prisión perpetua.
Leonardo Ezequiel Quinteros, en tanto, fue juzgado y aceptó una condena de 15 años de cárcel en un juicio abreviado. Según consta en la causa, Quinteros participó del hecho de forma activa aunque no disparó el arma; habría intimidado a las víctimas durante el robo. Su propia declaración al ser detenido apuntó a Corvalán como el autor del disparo.
Las pruebas clave que sostienen la acusación incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios presenciales y peritajes telefónicos que ubican a Quinteros y Corvalán en la escena del crimen.
La causa, instruida por el entonces fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte y actualmente en manos de la fiscal de juicio Viviana Arturi, fue elevada con la calificación de “homicidio criminis causa”, una figura jurídica que castiga con máxima severidad los homicidios cometidos para encubrir otro delito, como el robo.
En tanto, la familia de la víctima —entre ellos su esposo, el exconcejal Alberto “Chajá” Porciel— sigue de cerca los avances del proceso judicial. Según trascendidos, se mostraron conformes con la resolución alcanzada respecto a Arrieta y esperan ahora que el juicio que sería el año próximo contra Corvalán y derive en una condena a prisión perpetua.
