La enfermera Gisella Dahiana Madrid, de 40 años (quien es defendida por el letrado cañuelense), tendrá un proceso por jurados, mientras que los otros siete imputados comparecerán en un trámite regular que comenzará el 1° de octubre de este año.
Judicial17/08/2024
Julio Chiappetta
La movida del abogado cañuelense Rodolfo Baqué -defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid- fue aceptada por la Justicia y así se confirmó que habrá dos juicios para determinar las responsabilidades de los 8 imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, en un country de Bella Vista.
El reciente fallo dictaminó que los dos juicios se harán por separado: la enfermera Madrid, de 40 años (quien fue madre este año), tendrá un proceso por jurados, mientras que los otros siete imputados comparecerán en un trámite regular que comenzará el 1° de octubre de este año.
El doctor Baqué había solicitado a la Cámara de Apelaciones en lo penal de San Isidro que a la enfermera imputada en la muerte del “eterno Diez argentino” la juzgaran en un juicio por jurados y el trámite fue resuelto a su favor.
El Tribunal determinó en las últimas horas “dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental con fecha 1/8/24, a los fines de implementar la modalidad de juzgamiento -juicio por jurados- establecida por ese Tribunal de Alzada, con relación a la encausada Gisela Dahiana Madrid”.
Madrid era la enfermera del turno mañana y tarde y participó de las maniobras de RCP el día que falleció Maradona. Y su juicio por jurados todavía no tiene una fecha determinada.
Los juicios por jurados están contemplados en la Constitución Nacional desde 1853, pero sólo se aplican en 10 provincias argentinas. Es una forma de juzgar en causas penales, en las que un grupo de representantes de la comunidad, que son convocados para integrar estos tribunales, deberá deliberar sobre la prueba que se presente y pronunciarse para determinar si los hechos que se juzgan existieron y si el acusado es culpable o no.
El jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier amenaza. El veredicto que exprese se basará en su “leal saber” y no tendrá la obligación de manifestar los motivos de su decisión. Y no serán sujetos de ninguna penalidad, salvo que se constate que se expidieron en contra de su conciencia o que fueron corrompidos por la vía del cohecho.
La jugada -que ni la querella ni los fiscales esperaban- y que fue aprobada ahora, tiene a un cañuelense como protagonista. ‘Fito’ Baqué fue quien presentó el pedido de nulidad de la elevación a juicio oral y solicitó que su clienta sea juzgada a través de un jurado popular, amparándose en las garantías constitucionales.
“Se demostró que jurídicamente teníamos razón. Con el juicio oral por jurados populares vamos a saber quién mató a Maradona. Vamos a encontrar a los verdaderos asesinos y también vamos a investigar el móvil. Porque a Diego lo mataron”, manifestó el abogado, en diálogo con El Ciudadano.
“Maradona tenía un baño químico y la única vez que lo bañaron fue cuando lo hizo la enfermera, 14 días antes de su muerte. Después la echaron. ¿Sabían que Luque y Cosachov tenían un jefe de prensa que les daba información para inculpar a la enfermera? Se orquestó una campaña para dejar a la enfermera como si ella hubiera dejado morir a Maradona”, agregó el letrado.
En tanto, los otros siete imputados tendrán que comparecer en un juicio regular que comenzará el 1° de octubre a las 9.30. Se trata del neurocirujano Leopoldo Luciano Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos “Charly” Ángel Díaz, la médica coordinadora de la prepaga Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón; su jefe, Mariano Perroni, y el clínico Pedro Di Spagna.
Los ocho imputados están acusados del delito de “homicidio con dolo eventual”. Para la Justicia, hay elementos que prueban que de algún modo son -en parte- responsables de la muerte del ex jugador.
Entre las pruebas, hay cerca de 130 mil audios que involucran a muchos de los imputados, quienes se exponen a una pena de 8 a 25 años de prisión.
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