El Ciudadano
Desde el mes pasado el Senado bonaerense convirtió en ley un proyecto que declara el estado de emergencia en los geriátricos en medio de la pandemia del coronavirus y la expansión de casos entre adultos mayores alojados en esos centros.
La medida tendrá vigencia mientras persista el estado de Emergencia Social, Económica, Productiva, Energética y de Prestación de Servicios, vigente en la Provincia desde antes de la declaración de la cuarentena.
De esta manera se busca que los geriátricos cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el marco de la pandemia y puedan continuar funcionando mientras tramitan la correspondiente habilitación.
En nuestro distrito se cuenta con tres de estos lugares, el asilo ‘San José’, y dos privados, en Sarmiento al 100, y en Lara y Sargento Cabral. El año pasado cerró un lugar que estaba ubicado sobre Ruta 205. Estos sitios han sido visitados recientemente por las autoridades de Salud y de Gobierno del municipio, los cuales proveyeron de vacunas antigripales y para el neumococo.
Pero además se dio media sanción a un proyecto que pretende modificar la Ley 14.263, la que regula el funcionamiento de las residencias para adultos mayores, sean públicas o privadas. Esa iniciativa indica que “los establecimientos geriátricos sean inspeccionados al menos una vez al año por la autoridad de aplicación, debiendo fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos”. Asimismo, dice que “las autoridades municipales podrán realizar las inspecciones y cuanto más actos de control consideren pertinentes, labrando las actas de constatación respectivas que deberán ser elevadas a la Autoridad de Aplicación a fin de promover las pertinentes actuaciones administrativas”.
La ley que regula las residencias establece que ‘‘la habilitación, categorización y fiscalización de los geriátricos es otorgada por el ministerio de Salud. Cumplido ese requisito, los municipios deben registrar dicha habilitación, y tienen competencia concurrente con el ministerio, entonces ambos son responsables”.
A su vez, el proyecto crea un “Registro Provincial de Inspecciones de los establecimientos habilitados, cuyo contenido tendrá carácter de información pública, y obliga a los geriátricos a difundir el número de habilitación en toda publicidad”.
En nuestra provincia funcionan 977 geriátricos habilitados por el ministerio de Salud bonaerense, mientras que 1.993 establecimientos lo hacen de manera irregular, esto es sin todos los requisitos legales.
Para las autoridades sanitarias, los geriátricos representan un peligro potencial, que requirió de la aplicación de un protocolo especial ante la posible detección de casos sospechosos de coronavirus.
Según Salud, en los más de mil espacios de alojamiento para los adultos mayores habilitados residen algo más de 34 mil personas.
La Dirección de Fiscalización Sanitaria del ministerio de Salud es que empezó a encarar un nuevo relevamiento de los geriátricos, pero a partir del coronavirus se intensificó la búsqueda de los no habilitados.
En ese sentido se permite el funcionamiento excepcional, precario y transitorio, mientras se tramita la regularización, en la medida que se cumplan determinados requisitos mínimos.
A partir de la declaración de emergencia, se creó el Programa Geriátricos, por el cual se entregarán subsidios a las entidades, privadas o públicas, para la adquisición de insumos, equipamientos y mejoramiento edilicio.
