Desde el mes pasado el Senado bonaerense convirtió en ley un proyecto que declara el estado de emergencia en los geriátricos en medio de la pandemia del coronavirus y la expansión de casos entre adultos mayores alojados en esos centros. 

La medida tendrá vigencia mientras per­sista el estado de Emergencia Social, Econó­mica, Productiva, Energética y de Prestación de Servicios, vigente en la Provincia desde antes de la declaración de la cuarentena. 

De esta manera se busca que los geriátricos cumplan con los requisitos mínimos estable­cidos en el marco de la pandemia y puedan continuar funcionando mientras tramitan la correspondiente habilitación. 

En nuestro distrito se cuenta con tres de estos lugares, el asilo ‘San José’, y dos pri­vados, en Sarmiento al 100, y en Lara y Sar­gento Cabral. El año pasado cerró un lugar que estaba ubicado sobre Ruta 205. Estos sitios han sido visitados recientemente por las autoridades de Salud y de Gobierno del municipio, los cuales proveyeron de vacunas antigripales y para el neumococo. 

Pero además se dio media sanción a un proyecto que pretende modificar la Ley 14.263, la que regula el funcionamiento de las residencias para adultos mayores, sean públicas o privadas. Esa iniciativa indica que “los establecimientos geriátricos sean ins­peccionados al menos una vez al año por la autoridad de aplicación, debiendo fiscalizar el cumplimiento de los requisitos estableci­dos”. Asimismo, dice que “las autoridades municipales podrán realizar las inspecciones y cuanto más actos de control consideren pertinentes, labrando las actas de constata­ción respectivas que deberán ser elevadas a la Autoridad de Aplicación a fin de promover las pertinentes actuaciones administrativas”. 

La ley que regula las residencias establece que ‘‘la habilitación, categorización y fisca­lización de los geriátricos es otorgada por el ministerio de Salud. Cumplido ese requisito, los municipios deben registrar dicha habilita­ción, y tienen competencia concurrente con el ministerio, entonces ambos son responsa­bles”. 

A su vez, el proyecto crea un “Registro Provincial de Inspecciones de los estableci­mientos habilitados, cuyo contenido tendrá carácter de información pública, y obliga a los geriátricos a difundir el número de habili­tación en toda publicidad”. 

En nuestra provincia funcionan 977 geriá­tricos habilitados por el ministerio de Salud bonaerense, mientras que 1.993 estableci­mientos lo hacen de manera irregular, esto es sin todos los requisitos legales. 

Para las autoridades sanitarias, los geriá­tricos representan un peligro potencial, que requirió de la aplicación de un protocolo es­pecial ante la posible detección de casos sos­pechosos de coronavirus. 

Según Salud, en los más de mil espacios de alojamiento para los adultos mayores habili­tados residen algo más de 34 mil personas. 

La Dirección de Fiscalización Sanitaria del ministerio de Salud es que empezó a enca­rar un nuevo relevamiento de los geriátricos, pero a partir del coronavirus se intensificó la búsqueda de los no habilitados. 

En ese sentido se permite el funcionamien­to excepcional, precario y transitorio, mien­tras se tramita la regularización, en la medida que se cumplan determinados requisitos mí­nimos. 

A partir de la declaración de emergencia, se creó el Programa Geriátricos, por el cual se entregarán subsidios a las entidades, pri­vadas o públicas, para la adquisición de insu­mos, equipamientos y mejoramiento edilicio.