El 44,7% de los habitantes de este país son pobres y la indigencia llega al 9,6% de la población urbana. Un tercio de los trabajadores no recibe ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total. Uno de cada cinco habitantes de la Argentina vive en situación de inseguridad alimentaria, el peor registro desde 2005. Seis de cada 10 menores de 17 años viven bajo la línea de la pobreza. Una vez más los datos golpean y sacuden, tras el trabajo de la última encuesta de la Deuda Social Argentina realizada por la Universidad Católica Argentina para el tercer trimestre.

Los mencionados números que sirven para graficar y humanizar la crisis socioeconómica que se vive, con una inflación récord desde la última hiper, y un nivel de actividad que no crece hace más de diez años. Cabe resaltar que sin la presencia de planes sociales, la cifra de pobres hubiese alcanzado el 50 %.

Por primera vez, los indicadores de pobreza de ingresos e indigencia empeoraron alrededor de un punto y medio con respecto al mismo período que el año pasado. La falta de crecimiento económico combinado con la inflación, la falta de inversión y el estancamiento en la creación de empleo formal,  traccionaron para abajo el índice. Sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia hubiera alcanzado al 17,1 % de los argentinos y la pobreza al 47,6 %, según este estudio académico.

Dicha encuesta se hizo sobre aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más del territorio nacional, en tres grandes conglomerados: en el primer caso, Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano bonaerense (donde ubican a Cañuelas). En el segundo, Gran Rosario, Gran Córdoba San Miguel de Tucumán y Tafí viejo, y Gran Mendoza. El tercer conglomerado, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolleti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Rio Grande.

“La pregunta no es cómo llegamos a una pobreza de más del 40 por ciento, sino como no fue superior en un contexto de caída de salarios, empleo y crecimiento”, se preguntan y responden los investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Odesa), y se encuentran la respuesta en las transferencias sociales. “Sacar los programas sociales sería realmente peligroso porque son los que mantienen, junto con el instinto de supervivencia de las familias, el equilibrio social”, advierte Agustín Silva, el director de Odesa.

Son 18,7 millones de argentinos que no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir una Canasta Básica Total –que además de comida incluye otros rubros, como ropa y transporte- y 4 millones indigentes. Al ir un poco más atrás en el tiempo, se observa una tendencia alcista entre el año 2017 y 2019, acentuado en 2020 en el contexto de pandemia. Ya en el período de la post pandemia y hasta 2022, la tasa de indigencia venía descendiente y la de pobreza pivoteaba entre leves alzas y estabilidad. Este 2023 la tendencia cambió: ambos guarismos aumentaron un punto y medio.

Los nuevos pobres en la post pandemia provienen de sectores medios no profesionales.

La pobreza está sobrerrepresentada en niños de hasta 17 años (el 62,9 por ciento son pobres). El porcentaje en este rango etario aumentó con respecto al 2022 y se encuentra casi 20 puntos por encima del 2015. La tendencia es similar al analizar la indigencia, que aumentó del 13,1 al 16,2 por ciento entre 2022 y 2023.

Los factores que logran atenuar, o incluso revertir, la tendencia creciente de la indigencia y pobreza por ingresos en un contexto inflacionario son, de acuerdo a la UCA, “las estrategias familiares que adoptan los hogares para la obtención de recursos y no la calidad de los empleos, ni la evolución de las remuneraciones”.

Es una foto que muestra un deterioro sostenido, que contradice la visión del presidente saliente Alberto Fernández, quien dijo el fin de semana pasado que el dato de la pobreza oficial del Indec está “mal medido”.