El fiscal Lisandro Damonte, titular de la UFI 1 de Cañuelas, envió al Juzgado de Garantías 8, el pedido de elevación a juicio de la causa por la muerte de Jhostin Reynaldo Condori, el nene de cinco años años que murió luego de ahogarse en una pileta céntrica durante la colonia municipal del 4 de enero de 2017, en la pileta conocida como Santa Marta, en calles Del Carmen entre Uruguay y Larrea.
El pedido del funcionario se basa en las declaraciones testimoniales, de la que se desprende, según su juicio, que el ahogamiento se produjo por inobservancia de los reglamentos que fueron impuestos a los guardavidas y del profesor a cargo de la colonia que funcionó en el CEF 53, ex Santa Marta.
De esa forma, solicitó el juicio oral abreviado sobre Gastón Daniel Martínez, de 41 años, bajo la acusación de los delitos de ‘homicidio culposo’. El hombre no posee antecedentes penales y se encuentra libre.
“Al menos tres masculinos, en violación de los deberes de cuidado que tenían a su cargo, y en inobservancia de los reglamentos que le fueran impuestos conforme a las funciones asignadas de guardavidas y de profesor a cargo de la colonia que funcionaba en el lugar referenciado, omitieron  efectuar los controles correspondientes al acceso y uso del sector profundo del natatorio por parte de un niño de cinco años, circunstancia esta que derivara en la sumersión –sin saber nadar– del menor a dicha pileta y, consecuentemente en su cuadro de asfixia que –días después–, le provocasen la muerte”, explicó Damonte en el pedido, quien aclaró que “el hecho precedentemente descripto constituye 'prima facie' el delito de homicidio culposo”.
El representante del ministerio público valoró la circunstancia de haberse acreditado que Martínez se encontraba en el escenario de los hechos. Al propio tiempo de la perpetración del ilícito atribuido, lo que se corrobora con las imputaciones de cuatro personas, describen el hecho, a quien señalan como uno de los encargados del cuidado de los menores que se encontraban en el predio de la colonia.
Además, Damonte, mencionó que los coimputados (los guardavidas Maximiliano Ramos y Gabriel Juárez Roldán) “de una manera u otra, los sindicados intentaron deslindar su responsabilidad en el evento que nos ocupa”.
Los guardavidas señalan al profesor de Historia como quien se encontraba a cargo, y al cuidado del grupo de niños, entre los que estaba Jhostin.
En cuanto a la responsabilidad penal atribuida, el fiscal de la UFI 1 valoró que el acusado sea docente a cargo de la víctima, un cargo que desempeñó “sin ningún tipo de preparación en espacio de piletas y, en clara violación a los deberes de cuidado que tenía a su cargo –ello en razón de haber omitido efectuar los controles correspondientes al acceso y uso del sector profundo del natatorio por parte de un niño de cinco años-’’.
Y se supo además que el hecho dramático fue advertido por otro menor, “denotando ella la flagrante inobservancia por parte del agente, de las funciones encomendadas y esperables a su cargo”, marcó el fiscal.
Sobre la competencia, Damonte entendió que el caso debe ventilarse en un juzgado correccional y bajo un criterio de juicio abreviado.

Leandro Barni – leandrob@elciudadano.com.ar