Piden juicio oral para un conocido empresario acusado de abuso sexual y corrupción de menores

La situación judicial del empresario Marcelo Porcel, con inversiones en nuestro distrito, se encamina de forma decisiva hacia el banquillo de los acusados. En las últimas horas, el fiscal Pablo Turano formalizó el pedido de elevación a juicio oral de la causa que lo investiga por presunto abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada. En total, la fiscalía le atribuye diez hechos delictivos cometidos en un contexto de reiteración y en perjuicio de víctimas que, al momento de los episodios, eran menores de edad.

Tras el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, la decisión final quedó en manos del juez Carlos Bruniard, titular del juzgado interviniente, quien deberá resolver si hace lugar al planteo de Turano y da inicio a la instancia del debate oral. De ser hallado culpable en el futuro proceso, la escala penal por las calificaciones legales que se le imputan podría superar los 15 años de prisión efectiva.

El pedido de juicio llega inmediatamente después de un revés para la estrategia de la defensa de Porcel. El miércoles pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó de forma unánime el procesamiento del empresario. En su fallo, los camaristas señalaron de forma tajante que los argumentos defensivos no lograron rebatir ninguna de las medidas ni pruebas recolectadas en el expediente, argumentando que sus planteos “solo evidencia una disconformidad con cómo el tribunal valoró la prueba existente hasta ahora”, rechazando de plano la revisión excepcional solicitada. Asimismo, el tribunal de alzada confirmó el millonario embargo que pesa sobre los bienes del imputado por un monto total de $111.564.950.

Competencias de resistencia, apuestas y manipulación digital

La acusación de la fiscalía se sostiene de forma sustancial sobre los testimonios brindados por las víctimas a través de declaraciones en Cámara Gesell. Los relatos de los adolescentes exponen un patrón de conducta sistemático y calculado que se repetía de manera recurrente en tres escenarios principales: el departamento privado del empresario situado en el piso 26 de la exclusiva Torre Le Parc, otra propiedad ubicada justo frente a dicho edificio perteneciente a su madre, y una oficina comercial en un emblemático edificio del barrio porteño de Retiro.

Según consta en el expediente penal, la metodología se iniciaba mediante supuestas "juntadas" de carácter recreativo organizadas y costeadas por el propio Porcel. En esos encuentros, el adulto proveía de manera deliberada bebidas alcohólicas de alta graduación, tales como vodka y tequila, e incitaba activamente a los menores a ingerirlas mediante “competencias de resistencia” bajo promesas de dinero en efectivo. “Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000”, recordó una de las víctimas directas sobre el chantaje monetario del acusado.

La manipulación económica no terminaba allí. Los adolescentes describieron que el empresario solía transferirles fondos digitales de manera directa a sus billeteras virtuales con el objetivo de introducirlos e incentivarlos a realizar apuestas online durante las reuniones. En uno de los eventos investigados, la situación escaló cuando Porcel habría ofrecido una suma de dinero a los jóvenes presentes que aceptaran correr completamente desnudos alrededor de una mesa del lugar. “Lo hicimos todos menos uno”, reconoció uno de los chicos durante la etapa de testimonios.

Además de los reiterados episodios de contacto físico no consentido y masajes forzados que padecieron varios de los damnificados —algunos de los cuales alcanzaron la mayoría de edad durante el transcurso de la instrucción de la causa—, los peritajes tecnológicos aportaron pruebas materiales de extrema gravedad.

 En el teléfono celular secuestrado a Porcel durante los allanamientos, los investigadores informáticos detectaron imágenes y videos de explícito contenido sexual. Entre el material secuestrado que ya forma parte de la prueba acusatoria, se individualizaron múltiples capturas de video provenientes de una cámara de seguridad oculta instalada de forma estratégica en el interior del baño de la vivienda del imputado.